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Ciudad de México.- En el mejor de los casos, el presidente electo ofrece “amnistía” a los casos de corrupción y en el peor de ellos, su promesa de perdonar a los corruptos que no tengan iniciados procesos judiciales representa “un pacto de impunidad” con el gobierno saliente, señaló la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
“ La impunidad lleva a más corrupción no a su disminución”, dijo.
La organización que dirige Claudio X. González r ecordó que la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador se centró en la corrupción como un mal endémico que afecta el crecimiento, el desarrollo social y la equidad, “a la vez que deteriora la confianza en los políticos y las instituciones públicas que ellos encabezan”.
Ayer, López Obrador afirmó que no perdonará a corruptos que no tengan iniciados procesos judiciales, ya que su gobierno no verá bien empantanarse al estar persiguiendo presuntos corruptos.
“Sí, es un perdón, es un perdón así”, dijo.
El candidato presidencial, “prometió, una y otra vez, desterrar la impunidad”, reitera MCCI y agrega que esta amnistía daría impunidad para los funcionarios públicos que desviaron recursos públicos para beneficio privado.
“Una amnistía aseguraría la impunidad para un número sin precedente de funcionarios que han desviado recursos públicos cuyo destino debió haber sido el desarrollo económico, los programas sociales y el fortalecimiento de la seguridad y no el enriquecimiento personal, el beneficio privado o las campañas políticas”, señala.
Reclama que López Obrador haya anunciado medidas “que ponen en duda la voluntad del próximo gobierno” para combatir la corrupción y la impunidad.
Entre ellas, la negativa a reformar el artículo 102 de la Constitución para dar garantías de autonomía y eficacia a la nueva Fiscalía General de la República (FGR); la expedición de una ley orgánica de la FGR que no garantiza la independencia de la institución ni la creación de capacidades de investigación; la libertad al presidente para remover al fiscal; el anuncio de la iniciativa para eliminar las cinco salas especializadas en combate a la corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y el respaldo a la ley que permitirá al gobierno de Tabasco asignar de manera directa obras de infraestructura estratégicas.
“Todas estas acciones tienen el potencial de debilitar, no de fortalecer las capacidades del Estado para combatir la corrupción y la impunidad”, reclama.
