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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administrará los cerca de un millón 255 mil 276 metros (más de 125 hectáreas) que comprende el Campo Militar 1-F, de acuerdo con lo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que se da marcha atrás al acuerdo federal de poner ese terreno a la venta.
“Ubicado en la avenida Vasco de Quiroga, fue destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público [SHCP], para que lo administre”, describe el convenio publicado en el DOF.
Con ello, se dejó sin efecto el acuerdo del 24 de enero de este año, en el que se desincorporaba el inmueble, propiedad de la Federación y se autorizaba su venta, que llevaría a cabo el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
El 24 de enero en el DOF se estableció que ese terreno no era necesario para fines militares y no ofrece ningún uso para otras instituciones públicas, además se informó que los fondos de su venta irían a la tesorería.
“Con base en la aprobación de su Comité de Aprovechamiento Inmobiliario y en el dictamen de no utilidad para el servicio público, emitido por la Dirección General de Política y Gestión Inmobiliaria, tomando en cuenta que la superficie del inmueble materia de este acuerdo no es de uso común por sus características, no es susceptible de destinarse al servicio de otras instituciones públicas para la prestación de servicios a su cargo.
“Con su venta se obtendrán recursos para el erario federal y se dejarán de realizar gastos con motivo de su mantenimiento. [Por eso, se] ha determinado la conveniencia de su enajenación, a través del organismo público Servicio de Administración y Enajenación de Bienes”, se precisa en el documento.
Entre los acuerdos publicados ayer destaca que “la Secretaría de la Defensa Nacional asignará los diversos espacios que se ubican dentro del inmueble materia de este acuerdo, y que se encuentran precisados en el plano referido en el considerando tercero del presente, a las instituciones públicas que así correspondan”.
Además de que, debido a que dentro del inmueble se encuentra parte del cauce del río Tacubaya y su zona federal, “en términos del artículo 27 constitucional y al encontrarse bajo la administración de la Comisión Nacional del Agua [Conagua], la Secretaría de la Defensa Nacional tramitará ante dicha comisión los permisos, autorizaciones o demás medidas de regularización que correspondan por tratarse de una propiedad originaria de la nación”.
Se advirtió que si la dependencia diera al inmueble un uso distinto al establecido en los acuerdos, sin autorización de la SHCP, a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, o lo dejara de utilizar o necesitar, con todas sus mejoras y accesiones, se retirará de su servicio para ser administrado directamente por este instituto.
Se establece que la Sedena deberá gestionar los permisos necesarios en caso de que se tengan proyectadas obras de construcción, reconstrucción, modificación, adaptación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición.
Antecedente. De acuerdo con el Proyecto de Transformación y Modernización de la Industria y la Infraestructura Militar, la Secretaría de la Defensa Nacional mudaría parte de la industria militar al estado de Puebla, en el que se incluía la venta predio.
El valor comercial de los terrenos se calculó hasta mil millones de dólares, debido a que se encuentran ubicados en la zona de Santa Fe y de Chapultepec.
La intención de vender ese espacio generó un conflcito con las autoridades de la Ciudad de México, ya que negaban que se pudiera otorgar el uso de suelo necesario, en caso de que se pretendiera un desarrollo habitacional mixto con 7.5 millones de metros cuadrados de construcción, ya que hubieran generado en la zona problemas de movilidad y abasto de agua.
A pesar de los inconvenientes, los coroneles Roberto Nava Balderas y Sergio Gallardo Bonilla, integrantes del Comité de Desincorporación del Predio, recomendaron en agosto del año pasado a sus mandos una negociación para que esos temas no fueran un problema.
Uno de esos militares, Gallardo Bonilla, quien fuera subdirector general de ingenieros de la dependencia, fue hallado sin vida en su casa en Cancún, donde se encontraba como residente general de las obras del nuevo cuartel de la Policía Militar desde diciembre pasado.
Ante los inconvenientes, el 22 de mayo de 2018, la Sedena solicitó “recibir en destino el inmueble descrito en el considerando primero del presente Acuerdo, a efecto de continuar utilizándolo para actividades castrenses”, informaron en su momento las autoridades.
