Más Información
justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
La frontera entre México y Estados Unidos ocupó el tercer lugar en las zonas con más muertes de migrantes, al sumar 409 fallecimientos en 2016. La segunda posición la ocupa la región del Sahara y el norte de África, con mil 89, y el primer sitio ocurrió en la zona del Mediterráneo, con 4 mil 812 decesos, lo que significa que el tráfico ilícito de migrantes es un negocio mortal que fortalece a la delincuencia organizada, señaló la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
En el marco del Día Internacional del Migrante, esa oficina de las Naciones Unidas presentó el Manual Operativo de procedimientos para la detección y atención de este sector, objeto del tráfico ilícito. Durante la presentación, Antonino de Leo, representante de UNODC en México, informó que en el mundo hay 258 millones de migrantes, quienes enfrentan situaciones atroces durante los desplazamientos que realizan.
En el caso de México, el tráfico ilícito se presenta en tres modalidades: migrantes mexicanos que buscan salir del país y son objeto de este delito; los que pasan por el territorio nacional o de destino.
Mientras, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que los migrantes provenientes de Centroamérica consideran que el gobierno de México no los protege del crimen organizado, a su paso por el país con destino a Estados Unidos.
Los robos, los secuestros y el crimen organizado son los tres principales problemas a los que se enfrentan, según la Encuesta Nacional de Personas Migrantes en Tránsito por México, aplicada de junio a diciembre de este año a mil migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala, en tránsito por México.
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, afirmó que el informe forma parte de una causa común, que es el rechazo a la criminalización de la comunidad migrante, que es víctima de discriminación, racismo y xenofobia.
Indicó que se exhortará al Congreso de la Unión y a las legislaturas estatales para homologar las legislaciones locales y federales migratorias en términos de los estándares internacionales de derechos humanos, y se les solicitará colaborar en impulsar el respeto a la dignidad de las personas.
