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Familiares de víctimas de feminicidio y víctimas de violencia sexual denunciaron sabotaje por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ( PGJCDMX ) en el trato a casos de violencia feminicida y solicitaron que el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva , presida las Mesas de Trabajo al respecto, así como una reunión urgente con la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum , para que su equipo de transición también participe.
En una conferencia de prensa realizada en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), familiares de las víctimas de feminicidio Lesvy Berlín Osorio, Pamela Salas, Lisandra Camorlinga Alanís, Delia Nancy, Chan Yung María y Mayra Abigail Guerrero Mondragón, así como dos víctimas de violación , Laura Martínez y Blanca Victoria López Legaria, denunciaron falta de empatía de las autoridades , con quienes han sostenido dos reuniones formales en una mesa de diálogo, activada tras la petición del impulso de la Alerta de Género en la Ciudad de México.
El pasado 1 de marzo, se ordenó la instalación del Grupo de Trabajo para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México , mismo que no ha sido favorable para ninguno de los 15 casos que componen la carpeta que solicita la misma.
Las denunciantes plantearon que observan avances nulos en las investigaciones y seguimiento de casos de violencia sexual , desaparición y feminicidio y piden que José Ramón Amieva presida la Mesa de Casos de Violencia Feminicida, asi como la participación del equipo de transición del Gobierno Electo de la CDMX.
Del mismo modo exigieron garantías de seguridad para víctimas y familiares de víctimas de violencia feminicida , asi como para las personas defensoras de derechos humanos que acompañan las denuncias.
DENUNCIANTES
La madre de Pamela Salas dijo que mediante las respuestas de los funcionarios encargados de la mesa, desprestigian la memoria de su hija.
Sobre el caso de Mayra Abigail Guerrero Mondragón , su madre dijo que la carpeta está estancada pues la orden de aprehensión se emitió 11 meses después del asesinato de la joven, ocurrido el 11 de diciembre de 2016, y hasta el momento no hay detenciones.
“La justicia no hace su trabajo como debe ser”, declaró.
Por su lado , Laura Martínez , víctima de violación , expuso que cuando denunció la “trajeron de un lado para otro” y pidió que el Gobierno ponga más atención al tratamiento de quienes denuncian.
Blanca Victoria López Legaria
expuso que fue violada por un estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana ( UAM ), unidad Azcapotzalco . Expuso que denunció el hecho a la autoridades universitarias y las instancias penales, de quienes no obtuvo una respuesta favorable.
La carpeta de investigación correspondiente a su caso fue archivada y no tuvo avances. Además, Blanca señaló que “fue muy difícil” retomar los avances en la misma. Denunció que percibe que la UAM protegió a su agresor , pues ahora él trabaja en la institución y es representante del sindicato.
Del mismo modo, declaró haber sido víctima de hostigamiento por parte de su agresor , quien presentó una denuncia en su contra, misma que ha presentado avances.
Araceli Osorio
, madre de Lesvy Berlín , denunció que el agente del Ministerio Público , Raymundo Álvarez Reyes, a cargo del caso de su hija desde el inicio, fue relevado de sus funciones justo cuando el agresor, quien según la denunciante tiene cuatro defensores de oficio, presentó un amparo.
Exigió la reinstalación del MP y dijo que si las autoridades darán disculpas públicas a las víctimas, no la quiere si solo serán de palabra.
En un comunicado de prensa las víctimas y sus familiares expusieron que al principio de las mesas se sintieron escuchadas y creyeron en las autoridades ; s in embargo, denuncian que las mismas no han actuado conforme a lo planteado para avanzar en la investigaciones.
También dicen sentirse intimidadas y reprimidas por la autoridades y que el Grupo de Trabajo se trata de una simulación. "Para que les creamos que están haciendo algo, nos ofrecen apoyo psicológico y recursos económicos, a través del Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas del Delito Violento (ADEVI ), reduciendo la actuación de la Procuraduría a acciones asistenciales”.
Todas ellas exigen acceso a la verdad, justicia y sanción a las autoridades que, señalan, han sido omisas, negligentes y corruptas.
