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El Estado el que otorgue las certificaciones de especialidades médicas para que los profesionales de la salud puedan ejercer, por lo que este proceso debe ser retirado de “manos particulares”, afirmó Jesús Juárez, secretario de la organización México Unido. Médicos libres.
En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), una Asociación Civil encargada de otorgar las certificaciones de especialidades médicas, con la reforma de septiembre de 2011 a la Ley General de Salud, el Conacem se convirtió en un organismo auxiliar de la administración pública que define los criterios para el otorgamiento de este documento.
“El Estado faculta a una Asociación de particulares para que sean ellos quienes certifiquen a los médicos especialistas pero ese no es el problema, en 2015 se hace una nueva modificación a la ley y dice que para que los especialistas puedan ejercer tienen que ser forzoso contar con la certificación de la asociación civil”, dijo.
Con la reforma de 2011 se facultó a la Secretaría de Salud para que emitiera los lineamientos bajo los cuales se sujetará la actuación del Conacem; no obstante fue hasta el día 25 de marzo de 2015 que se emitieron dichos lineamientos, cuatro años después de ser aprobada la reforma.
Con ello, queda a cargo del propio Conacem la publicación del manual correspondiente y los formatos cuyos requisitos habrán de ser satisfechos por las organizaciones, colegios, consejos o cualquier otra figura constituida bajo las normas legales vigentes en el país, para obtener su certificado de idoneidad, el cual les permite ser parte de la autoridad auxiliar encargada de la certificación o re certificación de los médicos especialistas.
“Los costos para obtener la certificación oscilan entre los 10 mil y los 25 mil pesos dependiendo de la especialidad”. Jesús Juárez indicó que el dinero que obtiene dicha asociación por concepto de la expedición de este documento no es fiscalizado, por lo que pidió que el destino de estos recursos sea supervisado.
Comentó que la organización a la que pertenece se ha reunido con autoridades de la Secretaría de Salud, de Educación Pública y con miembros de las comisiones de salud del Poder Legislativo para plantearles que sea el Estado quien emita estas certificaciones y determine los procedimientos para obtenerla. Indicó que hasta el momento no han obtenido ninguna respuesta.
“Lo único que estamos solicitando es que sea el propio Estado el que determine, que regrese la certificación ya sea a la Secretaria de Salud o a la de Educación para que sean ellas quienes certifiquen a los médicos y sean ellas quienes determinen los procedimientos, así como le hicieron a los maestros, y saber qué tenemos que cumplir, así como quitarle a los particulares que puedan dar esta certificación, esta validez que nos obligan a tener y a pagar sin que tengamos un mecanismo de defensa ante ello”, resaltó.
