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La Secretaría de Gobernación (Segob) deberá pagar más de 2 millones de pesos por despedir injustificadamente a un subdirector administrativo del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; sin embargo, la dependencia ha incumplido con la resolución de un tribunal laboral al argumentar que no cuenta con los recursos necesarios para pagarle al ex policía federal.
El fallo fue emitido desde hace más de un año, pero la Segob ha agotado todos los recursos que la ley establece para evitar liquidarle al ex servidor público Emilio Constantino Mosso Díaz.
El pasado 8 de mayo el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) citó al director de Recursos Humanos de la Segob para que el 7 de junio acuda a esa instancia para pagar a Mosso Díaz 120 mil 633.36 pesos por concepto de indemnización y 2 millones 149 mil 954.50 pesos por los salarios caídos del 1 de septiembre de 2013 al 14 de febrero de 2018.
También deberá pagar 35 mil 465.79 pesos correspondientes al aguinaldo proporcional de 2013; las vacaciones de ese año por 4 mil 450.02 pesos, su prima vacacional por mil 335 pesos y los “descuentos indebidos” de julio y agosto del mismo año, los cuales la dependencia realizó por 29 mil 768.76 pesos.
De no hacerlo, se hará presentar al director por conducto de la fuerza pública ante el pleno de la sala, a fin de determinar las modalidades del cumplimiento del laudo de referencia, indicó la Séptima Sala del TFCA.
“Pasamos días difíciles”. Emilio Constantino Mosso Díaz tiene 75 años de edad, en mayo de 2013 cumplió 51 años de servicio público en diversas dependencias de la Ciudad de México y dentro del gobierno federal.
Luego de su despido, aseguró que él y su familia han pasado días difíciles, al grado de quedarse sin comer por la falta de sustento y ahora sobreviven de la venta y reparación de joyería en mercados sobre ruedas que se instalan en distintos lugares de la ciudad durante la semana.
En la Segob trabajó durante siete años, en la administración del ex presidente Felipe Calderón, como subdirector administrativo, donde ganaba 42 mil pesos mensuales.
Al cambio de gobierno un nuevo director del área administrativa, en la que se desempeñó Édgar Rolando García Gallardo, le solicitó renunciar a su plaza para otorgársela a uno de sus amigos.
“Me dijo que tenía hasta el último día de mayo para darle mi plaza, pero como le dije que no, me quitaron mi lugar, también el lugar de estacionamiento, dejaron de darme trabajo para hacer y, como pasaba horas en la oficina y sin pendientes, había veces que hasta me dormía, no lo podía evitar”, contó en entrevista.
El 1 de agosto de 2013, personal de la Visitaduría de la Segob acudió al lugar de Mosso Díaz para realizarle una revisión; le levantaron un acta administrativa que concluyó en su despido por, supuestamente, haber faltado a trabajar injustificadamente durante 43 días seguidos.
“Me dijeron que falté 43 días cuando, según la ley, si uno falta tres días seguidos, al cuarto día es baja inmediata. Así que pedí mi récord de entradas y salidas diarias, en donde resultó que no tenía una sola falta, aún así me despidieron. En mi desesperación, fui al Órgano Interno de Control, a la Procuraduría General de la República, con el entonces titular Jesús Murillo Karam, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero nadie me ayudó”, agregó.
Para su despido, la Segob alegó pérdida de confianza por las supuestas inasistencias y a partir del 1 de septiembre de 2013 dejó de trabajar en la dependencia.
Ante la ausencia de ayuda, Mosso Díaz demandó a la Segob y, desde el 1 de marzo de 2017, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ordenó el pago de la indemnización y prestaciones laborales al ex servidor público, debido a que éste rechazó ser reinstalado en su puesto debido a su avanzada edad. La condena contra la Segob es definitiva porque en todos los recursos que la dependencia promovió para impugnarla ésta se confirmó, y actualmente Mosso Díaz permanece a la espera de recibir sus pagos.
La secretaría ha argumentado que no cuenta con los recursos necesarios para pagar y solicitó que el magistrado que conoce el caso se excuse porque no le ha dado tiempo suficiente para cumplir con el laudo, a pesar de que su término concluyó desde el 15 de octubre de 2017.
“De viva voz el C. Édgar Valdés Izquierdo [de Recursos Humanos de Segob], manifestó al actor [Emilio Mosso] que no iba a dar cumplimiento al laudo manifestando que iba a prolongar el juicio hasta que saliera la administración actual”, informó el actuario de la Sala del Tribunal en el último requerimiento que se realizó a la Segob para que cumpla con el pago.
Actualmente, Mosso, su esposa y su hija trabajan en la reparación y diseño de joyas en diversos mercados sobre ruedas en la Ciudad de México. Las ganancias que obtienen de ello no se comparan en nada a la vida que estaban acostumbrados a llevar.
“Ahí vamos medio comiendo, hemos tenido unos días extremadamente infelices, la pasamos muy mal, muy tristes porque imagínese, de ganar 42 mil pesos mensuales ahora hay días en los que comemos una vez o de plano ni comemos”, dijo.
“Durante 51 años fui un policía honesto, nunca hice algo fuera de la ley y cumplía con mi trabajo, si querían mi plaza nada les costaba esperar a mi jubilación, no se vale que me hagan esto”.
