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El estancamiento del nuevo sistema penal acusatorio no está en la norma sino en la forma en cómo opera, coincidieron especialistas en Derecho.
En el décimo aniversario de la reforma en materia penal y segundo de la implementación del sistema penal acusatorio a nivel nacional, los juristas, entre ellos miembros de la sociedad civil, funcionarios, ex funcionarios y litigantes, enumeraron los logros y los retos que enfrenta la justicia criminal en México.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, afirmó que el sistema acusatorio no fue explicado adecuadamente desde su creación razón por la que existe un sentimiento de impunidad en la sociedad que no se le ha informado debidamente de cómo opera y cuáles son sus alcances.
Destacó que el problema de impunidad y corrupción que enfrenta el país no será resuelto mediante un sistema procesal penal y que actualmente una de las asignaturas pendientes es todo lo relacionado al papel que las víctimas tienen frente a la justicia penal.
“El ministerio público ve a las víctimas como enemigas del sistema y los operadores aún no comprenden el sistema, y creen que la defensa de las víctimas se reduce a leer hojas de los derechos que tienen y no de realizar un verdadero acompañamiento y protegerlas durante el proceso” , dijo.
Señaló que los malos tratos y la espera por trámites burocráticos son una constante para las víctimas además de que faltan verdaderos esquemas de protección a éstas y a los testigos que intervienen en los casos.
Ernesto Canales, ex fiscal anticorrupción de Nuevo León, dijo que para que el sistema sume mayores logros se requiere que los jueces tomen conciencia plena del gran poder que les fue conferido con la reforma al darles la potestad de decidir sobre las privaciones de la libertad conforme a lo que escucharon y a la aplicación de sus criterios y no estrictamente conforme a lo que dicta una ley, como ocurría antes.
También indicó que la figura del amparo debe ser reformada para homologarla al sistema.
“La Ley de Amparo no compagina este juicio con la oralidad pues, contrario a lo que ocurre en el proceso penal , aleja al juez de las partes y las suspensiones deben decretarse conforme a la ley y no conforme a lo que el juez perciba de escuchar al ministerio público, al inculpado y a las mismas víctimas”, agregó.
Dijo además que los ministerios públicos requieren mayores facultades para acceder a las bases de datos y fuentes que les ayudan allegarse de mayores pruebas para fortalecer sus investigaciones.
María Novoa, directora de Investigación del área de Justicia de México Evalúa, explicó que el estancamiento en la operación del sistema es medible en el sentido de que actualmente el 80% de los casos que ingresan son por detenciones en flagrancia, lo que ha provocado que de cada 10 casos, seis terminan con el inculpado en libertad porque los delitos que cometieron no merecen prisión preventiva de oficio.
También destacó que se requieren mayores y mejores registros de información para medir los logros y pendientes del sistema.
EL UNIVERSAL informó que de acuerdo con el World Justice Project actualmente es posible observar que los estados en los que se implementó primero el nuevo sistema hay mayores casos de éxito y muestran buenas prácticas que podrían ser implementadas a nivel nacional.
mpb
