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justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
Los países deben adecuar sus leyes para tener directrices de internet para prevenir la compra-venta de drogas, así como para inspeccionar los paquetes sospechosos que se envíen por mensajería, afirmó Raúl Martín del Campo, miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
En entrevista con EL UNIVERSAL, Martín del Campo resaltó la complejidad que implica la investigación de páginas que ofertan estupefacientes puesto que se encuentran en diversos países y las entregas no son a domicilio, sino que tanto el comprador como el vendedor acuerdan un sitio para la entrega de la mercancía. Comentó que las sustancias que más se comercian en este espacio son las benzodiacepinas, medicamentos psicotrópicos con efectos sedantes, y los opiáceos.
¿Cómo se comercia por internet?
—Se trata de páginas ilegales que se encuentran en la Darknet, pero los usuarios interesados no les cuesta mucho entrar porque consiguen las claves para poder ingresar, otro fenómeno tiene que ver con que los pagos se hacen con criptomonedas y eso permite que las transacciones bancarias sean difíciles de rastrear.
En tercer lugar tiene que ver con que los pedidos no se entregan a domicilio, sino en lugares públicos en los que se aprueban las fechas y otras para la entrega, de esa manera no se puede detectar quién está comprando el producto y no se puede rastrear hasta su domicilio. No es un problema menor, la asociación Alliance for Safe Online Pharmacy encontró que en Estados Unidos 36 millones de norteamericanos alguna vez han comprado algún medicamento fuera de prescripción en ese tipo de farmacias, esto es entre 1% y 6% de la población.
¿Cómo regular internet para que no se presenten estos delitos?
—Estas farmacias por internet no tienen una localización en un país en específico, es difícil que se puedan regular, la Interpol y la Unión Postal Universal están realizando acciones: tenemos una guía que son las directrices dirigidas a los gobiernos para prevenir la venta ilegal de sustancias sometidas a fiscalización internacional, para facultar a las autoridades hacer las pesquisas para prevenir este tipo de situaciones.