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La Procuraduría General de la República (PGR) refutó en 2016 el informe que el ex visitador general, César Alejandro Chávez Flores, realizó sobre las actuaciones de servidores públicos en la diligencias del caso Ayotzinapa en el río San Juan, en Cocula, según un memorándum de la institución.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos basó parte de su informe Doble Injusticia en aquel documento en el que se pedía fincar responsabilidades legales a algunos funcionarios de la dependencia, entre ellos el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, por incurrir en diversas irregularidades en las diligencias.

Sobre el traslado de Agustín García Reyes,  El Chereje,  al río San Juan, después de haber sido torturado, sin la presencia de un defensor, la PGR señaló que la visita realizada por diversos servidores públicos no dio pauta para el cambio de la situación jurídica de García Reyes, por lo que “no se vulneró su derecho de defensa, ya que el único propósito de aquella visita fue saber la ubicación de un lugar que el propio procesado había señalado previamente en su declaración ministerial en presencia de su defensor”.

La procuraduría señaló en el documento DGA/510/CDMX/201 que en las averiguaciones realizadas en esa zona, Zerón de Lucio estuvo bajo la conducción y mando del Ministerio Público.

“Un señalamiento totalmente falso y sin dato o prueba alguna es que Tomás Zerón de Lucio solicitó apoyo pericial a efecto de que acudieran a la zona en contacto con la evidencia ‘allí encontrada’, ya que existen diversos videos donde se aprecian las instrucciones dadas por el director en jefe de la AIC en las que ordena resguardar las zonas para encontrar las evidencias”, indicó.

Por lo que respecta a los restos óseos hallados por los peritos en medicina forense, la PGR señaló que al ser revisado por estos con un perito en antropología forense coincidieron en que la observación “morfológica macroscópica, no era de origen humano”.

La dependencia calificó como “aberrante” que Flores Chávez haya desacreditado la actuación de servidores públicos de la institución sin haber realizado un análisis lógico y concatenado de los elementos que integran la investigación realizada por la Dirección General de Asuntos Internos.

En abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes acusó que el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, sembró restos óseos, y llevó al detenido Agustín García Reyes, El Chereje, torturado rumbo al río San Juan.

La Procuraduría General de la República señaló que realizó diversas investigaciones en la institución con relación a los supuestos actos de torturas a los presuntos responsables involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Afirmó que el ex visitador general excedió sus facultades de analizar las actuaciones de los servidores públicos de la PGR, al realizar pronunciamientos y calificativos de conductas como “ilegales” y “arbitrarias” el hecho de que el Ministerio Público decretara legal las retenciones de los presuntos inculpados.

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