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En los últimos tres meses la PGR sólo ha avanzado 30% o en la investigación del caso Ayotzinapa, reprocharon padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Ante ello, emplazaron a la Procuraduría General de la República a detener antes de octubre a policías municipales de Huitzuco y Cocula , quienes podrían estar involucrados en la tragedia próxima a cumplir tres años.
De lo contrario, advirtieron, tras reunirse ayer por más de dos horas con el procurador, Raúl Cervantes y la relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena, no volverán a la mesa de diálogo.
A la salida de la sede de la PGR, el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales Sierra dijo que sigue se haber un indicio claro y objetivo de dónde se encuentran los estudiantes.
Acompañado por el vocero del movimiento, Felipe de la Cruz, el litigante afirmó que de las cuatro líneas de investigación: la actuación del Ejército, la participación de la Policía Federal en Huitzuco, la telefonía celular y el trasiego de droga en autobuses, que solicitaron profundizar en mayo sólo hubo progreso en lo que tiene que ver con las cámaras del C4 de Iguala y del quinto autobús.
Al respecto, detalló que el día de los hechos, el 26 y 27 de septiembre de 2014, había 10 cámaras interiores que no funcionaban y 25 exteriores, de las cuales cuatro estaban activas.
“Hay seis despachadoras de las cámaras que ya emitieron su declaración, también nos informaron que se pudieron captar algunas imágenes, pero no son nítidas y por lo tanto no se puede apreciar lo que contienen los videos”, explicó.
Sobre el quinto autobús, Rosales Sierra afirmó que lo único que se avanzó, adicionalmente a lo que ya se ha dado a conocer, “es que siguió la ruta correcta que mencionan los estudiantes, es decir que salió de la central de autobuses de Estrella Blanca, recorrió todo el periférico sur y fue detenido antes de llegar al Palacio de Justicia”.
Al cuestionar si la unidad llevaba droga, el litigante respondió que esta línea sigue en estudio por el Ministerio Público de la Federación. “De la Policía Federal en Huitzuco no hay nada, como ya lo habíamos informado anteriormente existe un conflicto competencial que no ha sido resuelto”, agregó.
Rosales Sierra aseguró que no hay un rompimiento con la PGR, pero sí un emplazamiento por parte de los padres de familia que no irán a la mesa de diálogo hasta que haya detenciones muy concretas.
“Vemos un retraso porque son temas que están desde hace dos años y se está retomando la ruta correcta de investigar las cuatro líneas de manera tardía, esas líneas debieron de haberse indagado desde 2015”, recalcó.
Por su parte, la PGR informó que la reunión permitió actualizar a la CIDH y a los familiares de los estudiantes distintos avances, incluyendo el fortalecimiento de la oficina que da seguimiento al caso en la PGR, así como la atención puntual a los aspectos contenidos en el cronograma acordado con la propia CIDH.
El titular de la dependencia, Raúl Cervantes reiteró que se continuará trabajando para agotar todas las líneas de investigación.
En el encuentro lo acompañaron, la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Sara Irene Herrerías; Alfredo Higuera Bernal, titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala.
Por parte de la Secretaría de Gobernación estuvo el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián; por la de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, y Erasmo Lara Cabrera, director de Derechos Humanos y Democracia.
