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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que persiste la práctica "reiterada" de las dependencias y entidades del gobierno federal, de celebrar contratos y convenios para la prestación de servicios con las universidades públicas, para no realizar licitaciones públicas . El auditor determinó recuperaciones probables por 103 millones 054 mil 700 pesos por contratos que realizaron dos universidades públicas sin tener la capacidad para cumplirlos, y para lo cual subcontrataron a otras empresas o proveedores, y después no presentaron evidencia de haber cumplido.
En 2016, el auditor encontró que tres dependencias: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ; la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) , la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pronósticos para la Asistencia Pública contrataron, por separado, a la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y a la Universidad Tecnológica de Salamanca , instituciones que a su vez subcontrataron a otras empresas o prestadores de servicios puesto que no tenían la capacidad para cumplir sus obligaciones.
Estas licitaciones públicas, señala, tienen el “fin de garantizar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes".
En el caso de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas ( UPSZ ), el auditor encontró que la universidad no contó con la capacidad técnica, material, humana y financiera para cumplir con los servicios convenidos y contratados con la CONAPESCA y la SAGARPA, por lo que subcontrató 100% de los servicios pactados, los cuales ascendieron a un total de 154 millones 796 mil 400 pesos, monto nueve veces superior al presupuesto de la universidad.
“El Rector de la UPSZ realizó declaraciones realizadas bajo protesta de decir verdad (...) respecto de que se contaba con la capacidad técnica, humana y financiera; no obstante, no demostró documentalmente ni de manera puntual, qué personal participaría y cuáles trabajos desarrollarían, así como tampoco acreditó la experiencia técnica y, pese a ello, la CONAPESCA y la SAGARPA adjudicaron a la universidad los convenios y contratos en comento”, señala el reporte.
El auditor determinó recuperaciones probables por 58 millones 596 mil 900 pesos puesto que los funcionarios de la universidad suscribieron convenios y contratos sin contar con la capacidad técnica, material, humana y financiera, por lo que contrataron los servicios pactados con diversos prestadores de servicios.
“Lo que ocasionó que la CONAPESCA y la SAGARPA indebidamente pagaran un sobrecosto, del que la universidad no cuenta con el respaldo documental que justifique y compruebe que destinó los recursos al cumplimiento de los referidos instrumentos jurídicos, por lo cual no aseguraron las mejores condiciones para la aplicación de los recursos federales, ni fueron administrados con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control”, concluye.
Mientras que la Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS ) suscribió nueve contratos para la prestación de servicios con Sagarpa, Pronósticos para la Asistencia Pública y la CFE por los cuales cobró 59 millones 449 mil pesos.
Para ello, la UTS contrató a 17 prestadores de servicios, siete empresas, un organismo descentralizado y a 59 becarios por un monto total de 46 millones 693 mil 700 miles de pesos, que representó el 78.5% del monto total que recibió. El auditor determinó recuperaciones probables por 44 millones 457 mil 800 pesos.
Este esquema de contrataciones ha permitido simular contratos con terceros, lo que ha "provocado el ejercicio y desvío de recursos públicos a fines ajenos, y revela que se adjudican contratos a Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 2 pesar de que no se cuenta con la capacidad técnica, material y humana para llevar a cabo la prestación de los servicios convenidos".
Además, señala el auditor, se incrementan los costos debido a que se subcontrata a terceros por un porcentaje superior al 49% establecido; las universidades contratadas no cuentan con la documentación comprobatoria, ni con los entregables pactados que hagan constar que los servicios efectivamente se realizaron.
“La UTS realizó pagos injustificados por un monto de 32,637.2 miles de pesos, a diversos proveedores y expertos técnicos contratados para la ejecución de los trabajos convenidos, ya que no presentó la evidencia documental que los sustente, además tampoco presentó documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de los recursos por un monto de 11,820.6 miles de pesos”, señala el auditor.
“Estas deficiencias encontradas en la revisión son propiciadas por la carencia de mecanismos de control interno que inhiban la corrupción, así como actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron, verificaron ni validaron la ejecución de los trabajos convenidos, lo que provocó un daño al erario, por un monto de 44,457.8 miles de pesos”, dictamina.
msl
