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Es importante avanzar de un modelo asistencialista para las personas con discapacidad a uno en el que sean vistos como sujetos de derechos y en el que se respeten sus libertades fundamentales , coincidieron Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y representantes del gobierno en el Primer Encuentro Nacional de Mecanismos de Monitoreo de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad .
González Pérez mencionó que los niños y adultos con discapacidad son uno de los grupos más vulnerables que han enfrentado la invisibilidad, “de ahí la importancia de avanzar hacia un nuevo paradigma en el que las personas con discapacidad dejen de ser vistas como objetos de caridad y asistencia para convertirse, verdaderamente, en sujetos de derechos y obligaciones, y se respeten sus libertades fundamentales”.
En el evento, en donde tomó protesta al comité técnico que coadyuvará con el mecanismo independiente para hacer una evaluación de lo que ha pasado en los últimos 10 años, indicó que la CNDH publicó un estudio de más de 100 leyes, tanto federales como estatales, relacionadas con inclusión y no discriminación de las personas con discapacidad .
De acuerdo con el documento, a nivel nacional hay un avance de 57.1% en la armonización de leyes analizadas; sin embargo, 12 entidades tienen menos de 60% de avance, como Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. La entidad con menor avance es Puebla, con 33.6% y la que tiene el mayor es Coahuila, con 66%.
Expresó que uno de los principales objetivos es homologar las medidas y acciones en favor de las personas con discapacidad , así como implementar indicadores que permitan ver los avances. Recordó el lema: “Nada de nosotros sin nosotros”, lo que implica que quienes forman parte de ese sector de la población participen de manera activa en la toma de decisiones y políticas públicas relacionadas con sus garantías.
Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), aseguró que éste es un momento oportuno para detenerse en el camino, revisar las nuevas prioridades del mecanismo y establecer las siguientes metas.
Destacó que no hay un monitoreo confiable si no se hace de la mano de la sociedad civil y de las personas con discapacidad , y que también se deben tomar en cuenta las condiciones de transversalidad para dar un tratamiento integral a la problemática.
“La accesibilidad y la inclusión no son un tema de asistencialismo , de caridad, no se trata de dar, se trata de respetar, no es una concesión, es una obligación”, afirmó Avante Juárez, quien agregó que es necesario continuar trabajando en favor de una educación inclusiva , el verdadero acceso a la justicia, salud y empleo, que son algunos de los retos que persisten.
Mercedes Juan López, directora General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), recordó que México fue un promotor e impulsor de la convención hace 10 años y actualmente se ven cambios muy importantes en los 196 países que la conforman.
Explicó que el pasado 22 de febrero la misión permanente de México emitió el informe sobre los avances de los mecanismos para realizar el seguimiento y la evaluación de lo que se ha hecho para lograr la inclusión.
Alberto Athié Gallo, integrante del Consejo Consultivo de la CNDH, destacó que a 10 años de que inició el mecanismo , es momento de ver hasta dónde se ha logrado implementar la convención desde diversos ejes, al pasar de un modelo asistencialista para las personas con discapacidad a que ahora se les reconozca como sujetos de sus propios derechos para que puedan ejercerlos en todos los ámbitos de la vida del país.
Sin embargo, alertó que es un cambio de paradigma que aún no se logra concretar en México. “El gran eje que plantea la convención es lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad y terminar con las barreras que la impiden”.
Aseguró que ésta es una oportunidad para definir qué sigue en el mecanismo , porque “la plena inclusión implica un cambio estructural total de toda la sociedad, cultural, legal, presupuestal y esto es un enorme reto”.
Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que el gran reto es pasar de una cultura asistencialista a una cultura con una práctica de derechos, los cuales debe proteger el Estado y para ello tiene que haber organización y colaboración en los niveles estatal y federal.
En el contexto actual del país, en el que habrá cambio de gobierno, indicó que depende de la sociedad que se concreten los avances que se han logrado durante este periodo en beneficio de las personas con discapacidad .
mpb
