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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, subrayó que “el intercambio de ideas y propuestas durante las campañas electorales puede ser vigoroso, pero, para beneficio del país, jamás debe ser intransigente o fanático”, por lo que llamó a denunciar el discurso de odio en los comicios de este año.
Expuso, además, que una democracia genuinamente madura destierra las diatribas y los agravios en favor de un debate racional y fundamentado.
Al presentar su informe de actividades 2017 a integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el ómbudsman nacional indicó que el voto ciudadano debe ser ponderado más allá de filiaciones o intereses políticos, puesto que lo que suceda en las elecciones marcará el futuro de México.
“Lo que ocurra en este proceso marcará, ineludiblemente, el futuro del país, que el destino parece empujar más por la fuerza de la inercia que por la voluntad política y el compromiso por la consecución de los más altos intereses nacionales.
“Siendo ustedes representantes populares, no resulta ocioso enviar por su conducto un mensaje a la ciudadanía para que, más allá de las filiaciones o intereses políticos, contemple como un elemento para la ponderación de su voto el que se ofrezcan garantías en favor de la legalidad, los derechos humanos y la dignidad de las personas”, resaltó González Pérez.
Ante los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, González Pérez mencionó que las elecciones advierten un panorama muy competido.
Entre otras cosas, el presidente de la CNDH dijo que uno de los asuntos prioritarios para 2018 es el combate a la violencia e inseguridad, así como el abatimiento de la corrupción e impunidad.
Puntualizó que al país le urge una revisión integral y replanteamiento de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia para darle solución de fondo y no tener resultados parciales.
Se pronunció contra la Ley de Seguridad Interior, pues dijo que va contra la reforma de 2011 y genera la posibilidad de que se vulneren los derechos y libertades básicas.
Advirtió que no beneficia de ningún modo a los ciudadanos ni a los integrantes de las Fuerzas Armadas, “quienes intervienen y arriesgan su vida en esas tareas”.
