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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ) emitió una recomendación dirigida al gobernador de Sinaloa, al fiscal y a los alcaldes de Sinaloa de Leyva y Choix, por ser omisas en el desplazamiento forzado interno de 2 mil 38 personas a causa de la violencia que se vive por el crimen organizado .
El organismo que encabeza el ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, consideró que hubo violaciones en los derechos de las personas que fueron desplazadas entre los años 2012 y 2015.
La recomendación 39/2017 es dirigida al gobernador Quirino Ordaz Coppel; al Fiscal General estatal, Juan José Ríos Estavillo, y los Presidentes Municipales de Sinaloa de Leyva, María Beatriz León Rubio y de Choix, José Lindolfo Reyes Gutiérrez.
"Aunque diferentes autoridades municipales y estatales conocieron la situación del desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia que impera en esas localidades, omitieron protegerlas, con lo cual vulneraron sus derechos humanos a la seguridad personal, al acceso a la justicia, a la libertad de circulación y residencia, y a no ser desplazado forzadamente", sostuvo la CNDH.
Pidió a las autoridades antes mencionadas que diseñen e implementen un programa de reparación integral colectiva, que brinde a las personas desplazadas condiciones dignas de vida y puedan restablecer sus medios de subsistencia, llevando a cabo un diagnóstico sobre la situación actual de esas personas, y se les brinde atención médica y psicológica.
Realizar un censo que confirme cuántas personas fueron desplazadas de esos municipios de enero a mayo de 2012, y en todo el estado; que diseñen e implementen dos campañas de información, una para comunicar a esas personas cuáles son sus derechos y a quién pueden acudir para la protección de los mismos, y otra dirigida a servidores públicos que tengan contacto con ellas para sensibilizarlos sobre la obligación que tienen de garantizar y proteger tales derechos.
ahc
