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La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 17VG/2019 al fiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega , porque su dependencia incurrió en detenciones arbitrarias, actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas, así como violencia sexual en agravio de tres víctimas.
La CNDH llegó a esta conclusión después de investigar 186 casos de prisioneros de esa entidad que, supuestamente, habían sido detenidos arbitrariamente por policías ministeriales y altos funcionarios de la antigua Procuraduría General de Justicia de Aguascalientes.
Los familiares de las 186 personas también expresaron que los detenidos habrían sido torturados en casas de arraigo e incluso en las instalaciones de la procuraduría donde se les obligaba a auto inculparse.
Después de realizar un análisis de los casos, la CNDH acreditó nueve casos de detención arbitraria; 14 de tortura; dos de tratos crueles, inhumanos y/o degradantes; tres de violencia sexual y 19 casos en los que se violó el derecho de acceso a la justicia.
La dependencia señaló que “en la mayoría de los casos, las personas detenidas eran trasladadas a las instalaciones de la entonces Procuraduría de Justicia estatal, a un espacio con características de gimnasio, llamado ‘spa’, y allí eran atadas de manos y pies, les colocaban sobre una llanta para golpearlos y realizarles todo tipo de vejaciones”.
Además, la CNDH también acreditó que el personal de la PGJ del estado amenazaba a los detenidos con lastimar a su familia si no se declaraban culpables por la comisión de un delito.
La institución protectora de los derechos humanos realizó el estudio con el apoyo de médicos expertos, quienes descubrieron que incluso una víctima trató de suicidarse después de lo ocurrido con las autoridades.
De entre los casos analizados, la comisión nacional destaca el de una joven a quien se agredió sexualmente: “a una de ellas le obligaron a firmar una denuncia por violación para inculpar a un elemento policial”.
Por ese motivo la CNDH recomendó al fiscal general de Aguascalientes que se repare integralmente el daño a quienes resultaron afectados; se les otorgue atención psicológica y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.
Asimismo, se pidió que la actual fiscalía actúe en contra de los policías ministeriales que violaron los derechos humanos de los detenidos.
iarp
