Más Información
La p articipación de familiares de personas desaparecidas y de expertos independientes es clave para dar con el paradero de las víctimas, afirmó Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) , quien destacó el esfuerzo conjunto que permitió identificar los restos de nueve migrantes guatemaltecos desaparecidos en Tamaulipas en febrero de 2014.
La Procuraduría General de la República (PGR), la Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y los familiares de los nueve migrantes guatemaltecos desaparecidos llevaron a cabo esfuerzos conjuntos para identificar los restos, que fueron encontrados el 17 de febrero de 2015, en una fosa clandestina en el Ejido Plan de Ayala, municipio de Güemez, Tamaulipas.
Jan Jarab
afirmó que “esta identificación es el resultado del esfuerzo y trabajo conjunto entre las autoridades, familiares de las víctimas, organizaciones que las acompañan y expertos forenses independientes propuestos por las familias”.
Agregó que “el proceso llevado a cabo ha puesto en evidencia que dar participación a las familias de los desaparecidos y a expertos independientes fue clave para conocer el paradero de sus seres queridos”.
Los nueve migrantes, e ntre los que había tres menores de edad, partieron juntos el 10 de febrero de 2014 de Guatemala hacia Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida. El día 17 se comunicaron por última vez con sus familiares para informarles que se encontraban en Tamaulipas y desde entonces no volvieron a saber de ellos.
Sus familiares denunciaron la desaparición en mayo de 2014 ante las instancias de procuración de justicia locales y federales.
Tras cuatro años y medio desde la denuncia y tres años y medio después del hallazgo de la fosa, el 23 de julio de 2018, los familiares fueron notificados de la identificación positiva de sus seres queridos en la Embajada de México en la Ciudad de Guatemala, Guatemala.
La ONU-DH consideró que el éxito de la identificación debe ser acompañado por una repatriación de los cuerpos a la mayor brevedad posible, “respetando los estándares internacionales aplicables, en particular los relativos a la dignidad de las personas, no revictimización y un enfoque diferencial que toma en cuenta su condición de migrantes, así como el derecho de los familiares a conocer las circunstancias sobre el hallazgo de los restos y el proceso de identificación llevado a cabo”.
Exhortó a las autoridades a retomar las buenas prácticas sobre la identificación de restos humanos y la notificación a familiares surgidas de la Comisión Forense creada a partir de las masacres de migrantes ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León, entre 2010 y 2012.
El organismo expresó su solidaridad con todas las víctimas y sus familiares, e hizo el llamado a las autoridades a redoblar sus esfuerzos para que estos hechos no queden impunes y reiteró su disponibilidad para seguir acompañando los trabajos conjuntos para acceder a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
