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francisco.resendiz@eluniversal.com.mx
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción determinó recurrir a la CNDH , a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las Naciones Unidas en busca de abrogar la Ley General de Comunicación Social por considerar que propicia corrupción y atenta contra la libertad de expresión .
En su sesión pública de este miércoles, realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los cinco integrantes del CPC determinaron por unanimidad solicitar el apoyo de los Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos para promover la modificación a dicha norma.
Al argumentar la decisión, Mariclaire Acosta , presidenta del Comité de Participación Ciudadana, dijo que este órgano ha decidido ampliar su ámbito de acción y recurrir a los foros internacionales y la CNDH porque los hechos de corrupción generan violaciones a los derechos humanos.
"En particular con esta Ley General de Comunicación Social se ha vulnerado, además de que propicia actos de corrupción, se ha vulnerado el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de expresión", esgrimió.
Detalló que en una petición se busca iniciar un diálogo con mecanismos internacionales a fin de que cuando México se someta al examen periódico universal, que se realiza cada cinco años en el Consejo de Naciones Unidas, los relatores que se ocupan de la libertad de expresión tengan elementos suficientes para informar las preocupaciones en la materia.
Leyó parte de la misiva enviada al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Relator Especial para la Libertad de Expresión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas:
"A pesar de las críticas de la sociedad civil y las sugerencias realizadas por el Instituto Nacional Electoral, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y la CNDH la Ley fue aprobada por el Congreso de la Unión pero aún existen mecanismos jurídicos como la acción de inconstitucionalidad y de esta manera poder adecuar una legislAción que garantice la libertad de expresión a través de una correcta regulación de la publicidad gubernamental.
"Ahora más que nunca necesitamos de su autoridad y experiencia en la metería para solicitar atentamente a ustedes que entablen comunicación con el gobierno mexicano para sensibilizarlo en esta materia que nos atañe a todos a la par de mantener un diálogo con los diversos órganos constitucionales autónomos competentes en la materia para de esa manera obtener un verdadero cambio en la legislación en materia de publicidad gubernamental en México", acorde a la resolución de la SCJN.
Dijo que en la comunicación que informó a ambos relatores que el Comité está dispuesto a colaborar con esta tarea ya que la legalización de la asignación de la publicidad gubernamental en la Ley General de Comunicación Social "propicia la corrupción y atenta contra la libertad de expresión".
Irene Levy, integrante del CPC, consideró que la SCJN cometió un error al dar un plazo tan corto, al 30 de abril pasado, en medio de la coyuntura política que se vive y "el conflicto de interés que levantaba hacer que esta legislatura" fuera quien elaborara la ley.
"Pero también lo entiendo porque esta legislatura era la que estaba en falta. No obstante, el plano jurídico es distinto al plano jurídico y tenemos como consecuencia un proceso mal hecho, un proceso legislativo mal llevado, en el que fue considerado solamente el dictamen del PRI y con ello tenemos literalmente una ley chayote.
"Una ley chayote que no cumple con los criterios establecidos y con los mínimos indispensables para considerar que este tema está superado, y no solamente no está superado sino que consideramos que hemos dado unos pasos para atrás", señaló.
Levy agregó que el Comité se reunió con la CNDH para explorar la posibilidad de interponer ante la Corte un recurso de inconstitucionalidad, "como sociedad civil nosotros tenemos la obligación de intentar qué hacer para tratar de echar atrás esta ley.
"Y una de las opciones es acudir, nosotros no tenemos legitimación activa para interponer una acción de inconstitucionalidad, estamos trabajando de la mano con la CNDH", dijo y detalló que con la publicación de la Ley el viernes pasado corren los plazos para impugnarla.
Luis Manuel Pérez de Acha, también integrante del CPC, señaló que en el Senado se prepara una acción de inconstitucionalidad contra dicha ley, propuso investigar el avance de la consolidación de este recurso y su presentación ante la Corte desde esta cámara del Legislativo.
Tras destacar que la Ley General de Comunicación Social entrará en vigor en 2019, pidió reflexionar con cuidado el tema debido a que si una Ley General de Comunicación Social no está en vigor se pone en suerte la viabilidad constitucional del gasto público en esta materia.
"Es decir, puesto de otra manera, el Presupuesto de Egresos en la medida que prevé un partida para publicidad oficial es constitucional o es inconstitucional sin una ley reglamentaria vigente", puntualizó.
El integrante José Octavio López Presa se sumó a las posiciones de sus compañeros y pidió explorar la forma "de tirar" ese gasto.
Levy dijo que el Comité de Participación Ciudadana estaría en posibilidad de acompañar, al lado de la sociedad civil y académicos, el recurso de inconstitucionalidad que se interponga desde el Senado de la República y de la CNDH.
afcl
