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En 2017 el promedio mensual de fraudes cibernéticos en comercio electrónico fue de 193 mil casos, lo que significan al menos 6 mil 433 por día, y la tendencia es de crecimiento porque el año anterior (2016) se registraron 131 mil casos mensuales, reporta la Estrategia Nacional de Ciberseguridad del gobierno federal.
El plan presentado el año pasado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Innovación y Estrategia Tecnológica de la Presidencia de la República señala que las quejas por fraude cibernético pasaron de 7% (38 mil 539) en el primer trimestre de 2011 a 42% (639 mil 857) en el mismo periodo, de acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
El documento disponible en el sitio oficial del gobierno federal refiere que el monto reclamado en los primeros tres meses del año pasado por los usuarios afectados por fraude cibernético asciende a mil 167 millones de pesos, de los cuales se abonó 53% del total, y 90% de los asuntos se resolvieron a favor del usuario.
A su vez, alerta que en marzo de 2017 se presentaron por lo menos 3 mil 682 situaciones de fraude cibernético en banca móvil, lo que se considera una cifra histórica, aunque no precisa las instituciones bancarias afectadas.
En cuanto al medio por donde más se presenta el fraude cibernético, el plan antihackeo federal afirma que 91% ocurre durante el comercio electrónico y “llama la atención el incremento de las operaciones por internet para personas físicas y de banca móvil [167% y 74%, respectivamente] en comparación a 2016”.
Afirma que la División Científica de la Policía Federal implementó una estrategia de ciberseguridad para fortalecer, entre otras cosas, el uso responsable de las tecnologías de información y comunicaciones; sin embargo, enfatiza el número de incidentes cibernéticos identificados, se triplicó de 2013 a 2016, pasando de cerca de 20 mil a más de 60 mil.
“Mientras que la presencia de sitios web apócrifos con fines de fraude se incrementó 11% entre 2015 y 2016, llegando a cerca de 5 mil, la propagación de virus informáticos con afectaciones en México creció 57% de 2015 a 2016, llegando a cerca de 40 mil eventos, destaca el grado de sofisticación utilizado por los ciberdelincuentes en algunos de los casos”, indica el documento.
La corporación, señala, ha logrado atender más de 51 mil denuncias ciudadanas y más de 200 mil incidentes cibernéticos, además ha desactivado cerca de 17 mil sitios fraudulentos y emitido más de 2 mil alertas de ciberseguridad dirigidas a instituciones públicas y privadas.
Ante este panorama, el gobierno federal reconoce que existen riesgos y amenazas en el ciberespacio mexicano, puesto que las amenazas y las conductas delictivas “evolucionan más rápido de lo que puede reaccionar una política pública”.
“Existen riesgos y amenazas en el ciberespacio y también evolucionan las técnicas de generación de malware y conductas delictivas, incluso, más rápido de lo que puede reaccionar una política pública o la regulación, por ello, debemos prepararnos para conocer y atemperar los posibles riesgos que traerán las nuevas tecnologías”, señala el plan.
El documento cita el informe “Tendencias de seguridad en América Latina y el Caribe”, elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2014, el cual indica que el cibercrimen le cuesta al país, al año, entre 3 mil y 5 mil millones de dólares, además subraya que los riesgos y amenazas en el ciberespacio son problemas internacionales que han ganado presencia en diferentes espacios y mecanismos de diálogo y cooperación.
Señala que entre los principales hallazgos del estudio denominado “Evaluación de la Ciberseguridad en México: Brechas y Recomendaciones en un Mundo Hiper-Conectado”, realizado por el sector privado, está que sólo 65.3% de las organizaciones participantes se consideran medianamente preparadas para hacer frente a las amenazas.
La Estrategia Nacional de Ciberseguridad plantea cinco objetivos estratégicos: economía e innovación, instituciones públicas, seguridad nacional, seguridad pública, sociedad y derechos, y asegura que en 2030 México “será una nación resiliente ante los riesgos y amenazas en el ciberespacio que aprovecha con responsabilidad el potencial de las tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo sostenible en un entorno confiable para todo”.
