Por un cambio profundo en el sistema de justicia, afectado por “el cáncer terminal” de la corrupción, el nepotismo y la impunidad, el presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal Ávila, abrió un proceso de reforma en este sector, con la participación sin antecedente de los tres Poderes de la Unión, las fiscalías General y locales, el orden de gobierno estatal, así como el mundo académico y litigante.

“La justicia en México ha vivido desde hace décadas un cáncer terminal, conformado por la corrupción, el nepotismo y la impunidad. Estos deleznables parásitos se han arraigado en las estructuras de los aparatos de procuración e impartición de justicia en todo el país, y ya es tiempo de acabar con ellos”, dijo Monreal, al plantear los desafíos que encara la justicia.

El líder de la mayoría senatorial abrió la cumbre de autoridades judiciales, a fin de alcanzar, dijo, un cambio profundo en la justicia, la cual arroja 93% de impunidad.

Mostró el tamaño del desafío: en 2018 se cometieron 33 millones de delitos contra 24.7 millones de víctimas de 18 años o más, y ello “costó al país 1.5 del PIB, el equivalente a 286 mil millones de pesos, lo que significa 783 millones de pesos diarios para reforzar las medidas de prevención, o en daños y pérdidas ocasionados por actos delictivos”.

Al abrir el foro virtual Desafíos de la Justicia Mexicana, el senador Monreal Ávila dijo que la transformación en el sector judicial “no se va a detener, será un cambio profundo y un asunto de las estructuras del Estado”.

A su vez, los coordinadores de las bancadas del Senado señalaron que en la reforma se debe escuchar a los sectores relacionados en parlamento abierto, a fin de que los proyectos que lleguen a la discusión y votación de los plenos de ambas Cámaras legislativas recojan las preocupaciones que surgen en la aplicación de la ley.

La presidenta de la Cámara de Senadores, Mónica Fernández Balboa, hizo hincapié en que en la Cámara Alta “no habrá una contrarreforma al sistema de justicia penal; no admitiremos regresiones en derechos humanos ni retrocesos en delitos que afectan a las mujeres”.

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