La falta de ejecución de presupuesto y el poco personal, que además no cuenta con experiencia en la materia, complicó a las Comisiones Locales de Búsqueda (CLB) trabajar de forma adecuada en la localización, identificación y registro de personas desaparecidas en México durante el presente sexenio.
El Informe sobre la situación de personas desaparecidas del examen periódico universal 2023 revela que desde 2019, 20 de las 32 coordinaciones estatales devolvieron entre 50% y 100% del presupuesto asignado que no se utilizó, y una de cada tres operó con menos de 10 personas, donde tampoco se adquirieron los recursos técnicos suficientes para la ejecución de su labor.
De 2019 a 2021, las CLB de Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas desaprovecharon los recursos otorgados por la Federación, de acuerdo con el informe del Examen Periódico Universal (EPU).
Según testimonios obtenidos por EL UNIVERSAL entre colectivos de buscadoras y comentarios de expertos en el tema, dichos factores fueron cruciales para que familiares de personas desaparecidas decidieran no acercarse a los organismos por su ineficiencia, que los padrones del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) revelaran cifras confusas que no coinciden con el registro creado por ellos y que la crisis forense no se haya resuelto hasta hoy.
“A las comisiones locales el Estado no les da autoridad, no les hace caso y no les da la importancia que deberían tener para que hagan labores de búsqueda, por eso no pueden hacerlas, porque la falta de autoridad hace que no tengan personal ni presupuesto al no ser tomadas en cuenta por otras dependencias con más poder, cuando su labor también es importantísima”, explicó al respecto Elena Azaola, profesora e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Además, el informe señala que en los últimos seis años 11 de los 32 estados del país no armonizaron sus leyes locales con la Ley General de Desaparición Forzada y, por otra parte, en 16 de ellos nunca se crearon Consejos Ciudadanos de Búsqueda, lo que aumentó las deficiencias en estrategias de prevención, reducción de desapariciones y atención a familiares de víctimas.
El Consejo Nacional Ciudadano del SNB registra que, al día de hoy, Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán no han ajustado sus legislaciones a la Ley General de Desaparición.
Por otro lado, en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán no se han establecido los Consejos Ciudadanos del SNB, cuestiones que la también doctora en antropología consideró que obedecen a la falta de interés por el tema que se ha generado desde la voz del Ejecutivo federal y hace eco en autoridades locales.
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“En el último año el tema bajó en las prioridades del gobierno. Se quiere que los desaparecidos permanezcan sin voz. No importa el dolor infinito y el sufrimiento de las familias. No hay un gesto de empatía para ellos y hay una voluntad de querer disminuir las cifras de todo el país que se refleja en las comisiones locales.
“Todos estos factores juntos son un mal signo. No hace falta mucha interpretación para ver que, aun con presupuesto, no se busca resolver el problema y el ejemplo está con la nueva comisionada, que desconoce totalmente sobre el tema”, opinó Azaola Garrido.
Líderes de colectivos de madres buscadoras aseguraron a este diario que aun con el apoyo de personal de las Comisiones Locales durante las búsquedas en campo la ayuda no era suficiente, pues también a los integrantes de dichas coordinaciones les hacía falta capital para otras herramientas de localización e insumos de identificación que fueron prometidos al inicio de este sexenio.
“Solucionamos sin recursos materiales ni capital. Entregan camionetas, palas y aguas, que sí nos sirven, pero a pesar de los intentos no resuelven la deuda histórica que tienen con los desaparecidos y quienes los buscamos.
“Nosotras veíamos el acompañamiento cuando Karla Quintana era la comisionada, pero cuando se supo que renunció lo vimos como un mensaje indirecto del gobierno federal de que nos teníamos que resignar a que nuestros familiares desaparecidos no podían ser encontrados. En algún punto nosotras teníamos la esperanza de que se conociera algún día la realidad de lo que vivimos todos los días, pero seguimos sumergidas en el abandono y el trato inhumano”, indicó Bibiana Mendoza, vocera del colectivo de rastreadoras Hasta Encontrarles.
Hasta ayer, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, No Localizadas y Localizadas (RNPDNO) mostró que en el país existen un total de 113 mil 405 personas desaparecidas y no localizadas.
Sin embargo, el pasado 14 de diciembre, durante la conferencia diaria de Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde Luján, informó que hasta ese día la dependencia asentó un universo de 110 mil 964 registros de desaparición.
Entre los datos presentados por Alcalde Luján hay 12 mil 377 confirmaciones de desaparición y 16 mil 681 personas localizadas, que en suma arrojan claridad sobre el paradero de 29 mil 58 personas.
Además, el Resumen de Resultados de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas muestra que 26 mil 90 personas no cuentan con los datos suficientes para identificar, que 36 mil 22 son registros sin indicios para la búsqueda y que otros 17 mil 843 son personas ubicadas en un cruce de datos, pero sin confirmación de estar desaparecidas o no, números que suman un total de 79 mil 955 personas sobre las que no se sabe si se continúan desaparecidas o fueron localizadas.
“Pareciera que quieren seguir confundiendo en el tema de los desaparecidos. Vemos muchos números, pero no sabemos la cifra exacta, y en el conteo que tenemos nosotras en diferentes grupos de todo el país la cifra se triplica.
“Las autoridades que la sociedad pusimos al frente para gobernarnos, lejos de ayudar, nos abandonaron más que nunca, entre Presidente y gobiernos locales. Muchos han perdido su humanidad y capitalizan con el dolor de las familias con sus promesas de campaña. Los gobiernos locales se aprovechan de que las buscadoras vivimos en el miedo y la incapacidad económica, por eso no nos echan la mano a nosotras ni a las comisiones”, agregó Mendoza, también activista por los derechos de desaparecidos y sus familias.
Por si esto fuera poco, desde el 2006 a la fecha, tan sólo entre 2% y 6% del total de las desapariciones en México se han judicializado, estima el EPU 2023.
Entre el número total de desaparecidos, desde 2 mil 220 hasta 6 mil 660 asuntos se llevaron por la vía judicial hasta la fecha. No obstante, el delito de desaparición forzada en México está sumergido en una impunidad casi absoluta, ya que hasta 2021 en el país sólo se han emitido 36 sentencias por casos de desaparición forzada de personas a nivel nacional, de las cuales ninguna fue contra un mando civil o militar.
“Si el gobierno en verdad se pusiera a buscar se daría cuenta de que los desaparecidos son más de los que dicen que han contado. Nosotras no estamos para engañar aumentando la cifra porque no nos gusta que nuestros hijos desaparezcan, pero es la realidad que estamos viviendo, y estamos en la impunidad”, dijo Cecilia Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.
