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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dejó 46 vacantes para cargos de magistraturas de Circuito y juzgadores de Distrito por no cumplir con el promedio mínimo requerido en la Constitución, así como por la 8de8 contra la violencia de género.
De estos cargos, 45 de las candidaturas electas no cuentan con la calificación mínima de 8 en licenciatura, o de 9 en materias de su especialidad. Mientras que uno más no cumple con la declaración 8de8, ya que está en prisión preventiva, acusado de abuso sexual.
Sin embargo, el destino de estos cargos es incierto, pues corresponderá a otras autoridades como el Senado o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinar qué pasa con estos lugares vacíos.
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El INE ordenó notificar de la determinación a la Sala Superior del TEPJF, al Senado y al Consejo de la Judicatura para que actúen de acuerdo a sus facultades.
Fuentes del órgano electoral señalaron que, una vez que los actos queden firmes por parte del Tribunal Electoral, el Senado podría determinar qué pasa con las vacantes que se confirmen.
Las consejerías subrayaron que la llegada de estos perfiles a la elección judicial es reflejo de las omisiones de los comités de evaluación de los tres poderes que, se suponía, serían el gran filtro para acreditar la elegibilidad de las candidaturas.
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Éstas aún pueden acudir a la Sala Superior del Tribunal Electoral para impugnar la decisión, y al ser la máxima instancia en materia electoral, el asunto quedará firme.
Como en otras elecciones, las posibilidades son varias: realizar una elección extraordinaria, que el segundo lugar que cumpla con los requisitos asuma el cargo, o dejar vacante hasta 2027, entre otras.
Durante los siete días que el Consejo General del INE declaró un receso para revisar las más de 800 candidaturas para ambos cargos, también se determinó que no tienen facultades para sustituir a las magistraturas y juzgadores electos, por lo que se optó por dejarlos vacantes.
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En un acuerdo previo, el instituto determinó dejar vacantes aquellos casos donde existieran empates, mismo que pidieron considerar para estos supuestos.
La consejera Dania Ravel señaló durante la discusión de validez que el INE tuvo que hacer una nueva revisión de los requisitos, aunque en su opinión no tenían facultades para esto.
“A principios de mayo, los presidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputaciones y el presidente la Mesa Directiva del Senado presentaron escritos donde denunciaron que 26 personas candidatas no cumplían con los requisitos relacionados con el promedio que se les exigía en la licenciatura y materias afines a su especialidad o no gozaban de buena reputación, lo que puso en relieve que el trabajo que debieron haber hecho los comités de evaluación no lo hicieron o lo hicieron de manera deficiente”, sostuvo.
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La consejera Carla Humphrey explicó que conforme al diseño legislativo, quien tuvo que revisar el cumplimiento de estos requisitos por parte de las candidaturas no fue el Instituto Nacional Electoral, sino los tres comités de evaluación, uno por cada uno de los tres Poderes del Estado y, en última instancia, el Senado de la República.
“Pero incluso se llegó al exceso de que los primeros días de mayo, tanto el presidente de la Cámara de Diputaciones como el presidente del Senado, mandaron sendos oficios a este instituto, justamente para señalar que se habían enterado o advertido de hechos supervenientes por medio o a través de los cuales diversas candidaturas no cumplirían, ya registradas por supuesto, incluso ya en campaña, no cumplían con los requisitos”, apuntó en la sesión.
