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La admisión por parte del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sobre que hay al menos una veintena de candidatos al Poder Judicial Federal posiblemente ligados al crimen organizado puso en la mira, también, a los aspirantes locales.
Al hacer una revisión aleatoria a las listas de quienes ocuparán un cargo en el Poder Judicial local de 19 entidades que se elegirá este 1 de junio, se encontró que algunos candidatos a jueces de distrito o magistraturas tienen señalamientos de organizaciones no gubernamentales no sólo por defender a presuntos criminales, sino por estar ligados a partidos políticos o gobiernos estatales.
En uno de estos casos, la organización Defensorxs —la primera en hacer notar que había contendientes que no cumplían con el requisito de probidad para la elección judicial— menciona a Silvia Rocío Delgado García, postulada por el Poder Ejecutivo de Chihuahua para ser jueza en materia penal para el distrito de Bravos.
De acuerdo con la información presentada por Defensorxs, Delgado García se integró al equipo de defensa de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, en 2016. En ese tiempo, promovió un amparo para que le dieran al capo una cobija extra en el Centro Federal de Readaptación Social Número 9 de Ciudad Juárez.
Los que liberaron a criminales
Otro caso es el de Erik Salvador Nevarez Estrada, candidato a juez penal para el distrito de Benito Juárez en Chihuahua. Medios locales lo han señalado de haber liberado a Enrique López Acosta, alias El Cumbias, presunto cabecilla del Cártel de Sinaloa, relacionado con una masacre en Creel en 2010.
El Cumbias era cabecilla de la facción Gente Nueva del Cártel de Sinaloa y estaba encarcelado desde diciembre de 2010 tras su detención en Delicias, Chihuahua.
Los primeros años de su reclusión los pasó en el Centro Federal de Readaptación Social Número 11 de Sonora, hasta que fue trasladado a Chihuahua en 2018.
Destaca la candidatura de Óscar Sámano Alarcón, juez del Distrito II de Cuautitlán, Estado de México. Notas periodísticas refieren que el aspirante liberó en marzo de 2024 a Brígido “N”, presuntamente culpable de haber abusado sexualmente de su sobrina de seis años.
Sámano Alarcón también fue acusado por haber dejado en libertad a tres presuntos responsables del ataque en el bar Bling Bling, en noviembre del año pasado en Cuautitlán Izcalli, que dejó al menos seis muertos y cinco heridos.
Según su sentencia, determinó otorgar libertad bajo fianza a las tres personas por los delitos de narcomenudeo y acopio de cartuchos de uso exclusivo del Ejército por estar en “una situación vulnerable”, una de las detenidas estaba embarazada de siete meses.
Los ligados a la política
Además, hay quienes han sido cuestionados por estar ligados a los gobiernos locales, pues trabajaron directamente en la administración estatal o buscaron una candidatura a alcalde o diputado local por algún partido.
Es el caso de Pedro Chávez Guzmán, candidato a juez de Primera Instancia en ;ateria Penal del Sistema Acusatorio y Oral para la región de Morelia, Michoacán, pero trabajó en la Dirección Estatal de Derechos Humanos en 2022.
En el caso de Michoacán destaca Miguel Prado Morales, candidato a juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral para la región de Uruapan.
El abogado fue alcalde por el PRD en el municipio de Nahuatzen, de 2015 a 2018.
Durante ese tiempo, el Consejo Ciudadano de Nahuatzen lo acusó de tener nexos con el crimen organizado, pero no se realizó ninguna investigación al respecto. Prado Morales buscó la reelección como presidente municipal en 2024.
Medios locales identificaron a Karina Acosta Dueñez, candidata a una magistratura local, como esposa del consejero jurídico del gobierno del estado, Juan José Pon Méndez.
Más de 200 relacionados con escándalos
En marzo pasado, la Unidad de Periodismo de Investigación y Datos de EL UNIVERSAL, junto a la Mesa Plus de esta casa editorial, lanzó la herramienta Lupa Judicial, con el objetivo de que los votantes conozcan a cada aspirante a la elección judicial.
En una primera revisión se logró identificar que, tanto a nivel federal como local, al menos 200 candidatos cuentan con señalamientos por presunta corrupción o nexos con grupos de poder fáctico. Es decir, con el crimen organizado, religiones u otras organizaciones que, de acuerdo con la legislación electoral, no deberían influir en el proceso.
Esta semana, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que en la lista de aspirantes que ellos avalaron para llevar a cabo la elección judicial, se han detectado por lo menos a 20 candidatos al Poder Judicial de la Federación con presuntos nexos con el crimen organizado.
También en marzo, el Programa de Seguridad de México Evalúa, en exclusiva para EL UNIVERSAL, identificó a ocho entidades con un riesgo entre alto y muy alto de que el crimen organizado logre imponer juzgadores, ampliando su nivel de impunidad.
Los estados con riesgo alto y muy alto de presentar ataques son: Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
En el ejercicio no se enfocaron en cargos a nivel federal como ministros, jueces y magistrados porque consideran que el crimen organizado podría tener menos interés por su relevancia política y mediática, explicó en ese momento Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa.
