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La Juez Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Jovita Vargas, frenó de manera temporal cualquier nueva orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles.
Vargas Alarcón señaló que el exmandatario no podrá ser privado de su libertad, aunque comparezca ante el juez de control a la audiencia inicial (bajo los efectos de la suspensión) y eventualmente se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva (justificada u oficiosa), a petición del Ministerio Público, toda vez que la medida no será ejecutable durante la vigencia de la suspensión concedida.
Estas órdenes de aprehensión son diferentes al desvío de tres mil 412 millones de pesos por la supuesta compra de cuarteles para la Guardia Civil en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
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La juzgadora refirió que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley de Amparo, la parte quejosa deberá otorgar, dentro del término de cinco días, garantía por la cantidad de 100 mil pesos, la que se fija tomando en consideración lo manifestado en la demanda de amparo; que no se cuenta con elementos suficientes para determinar la naturaleza, modalidades y características del delito o delitos que se imputan a la parte quejosa.
Además, no se advierten indicios que hagan presumir fundadamente que la parte impetrante pretende sustraerse de la acción de la justicia, de conformidad con los numerales 166 y 167 de la ley de amparo.
Para el viernes 22 de agosto está programada la audiencia en la que la jueza va a determinar si concede la suspensión definitiva.
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Por otra parte, en febrero la jueza de control Patricia Sánchez Nava, con sede en Reclusorio Oriente, dictó una orden aprehensión por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero derivado del desvío de tres mil 412 millones de pesos por la supuesta compra de cuarteles para la Guardia Civil. Este miércoles 20 de agosto Silvano Aureoles tiene una audiencia de imputación a las 10:00 horas.
En marzo, una jueza vinculó a proceso a cuatro exfuncionarios del exgobernador, señalados por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero.
Los exfuncionarios son: Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Administración y Finanzas, Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública, Elizabeth Villegas Pineda y Mario Delgado Murillo exdelegados Administrativos de la SSP de Michoacán.
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