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Este lunes, a partir de las 11:30 horas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute un proyecto sobre la despenalización del aborto .
Los dos casos a debatir tienen su origen en los estados de Coahuila y Sinaloa.
Afuera de la SCJN, se realizan manifestaciones en contra del aborto, mientras que otros grupos protestan por el derecho de las muejeres a decidir.
La Corte inició la discusión sobre la propuesta de declarar inconstitucional la criminalización del aborto en el estado de Coahuila, establecida aún para casos de violación.
El proyecto fue realizado por el ministro Luis María Aguilar Morales en la acción de inconstitucionalidad presentada por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) contra la prohibición y penalización del aborto previsto en el Código Penal de Coahuila.
Para avalar el proyecto, el ministro requiere de ocho votos en el Pleno, con lo que se haría también obligatorio para todos los jueces del país aplicar el criterio del Máximo Tribunal para que ya no sancionen penalmente el aborto.
El ministro propone reconocer que las mujeres tienen derecho a decidir interrumpir el embarazo en su etapa inicial, mediante la eliminación del artículo que prevé hasta tres años de cárcel a las mujeres que se practican abortos de manera intencional.
"No corresponde al Estado conocer o evaluar las razones para continuar o interrumpir su embarazo ya que pertenecen a la esfera de intimidad de la mujer, y que pueden ser de la más diversa índole, lo que comprende razones médicas (físicas y psicológicas), económicas, familiares, sociales, entre otras", señala el documento.
"La constitucionalización del derecho a decidir, permite sostener que no tiene cabida dentro de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Constitucional, un escenario en el cual la mujer no pueda plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo por un corto periodo de tiempo al inicio de la gestación, pues ello equivaldría a asumir que su dignidad y autonomía personal pueden modularse y restringirse en función de supuestos basados en un constructo social que, antes que mujeres independientes, las configura como instrumentos de procreación, lo que además conllevaría una lesión de origen a su integridad psicoemocional al limitar las posibilidades en relación con su plan y proyecto de vida, e impediría alcanzar el bienestar integral en su carácter de meta permanente del derecho a la salud", señala.
El ministro refiere que todas las mujeres del país deben gozar del mismo derecho de interrumpir sus embarazos de manera legal y segura pues la penalización de esta práctica atenta contra sus derechos a la igualdad de género y la salud y rechaza que el embrión o feto sea titular de derechos humanos.
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***Con información de Diana Lastiri.
ed
