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El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna , propuso una iniciativa para establecer que el gasto programado en Comunicación Social para el gobierno se tope en 2% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de cada año.
Para 2022 el PEF autorizado fue de 7.8 billones de pesos. Basados en la propuesta, el monto que podría destinarle a publicidad sería de 141 mil 600 millones de pesos, más dinero que lo que hasta ahora se ha destinado a la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA ), que de acuerdo a los informes de las cuentas públicas rebasa los 116 mil millones.
Al respecto, Gutiérrez Luna dijo a EL UNIVERSAL , que la propuesta pretende, en los hechos, dar cumplimiento al mandato de la Suprema Corte para regular en la materia, y descartó que esa cantidad pueda realmente destinarse al gasto de publicidad .
“Es para que cada ente pueda gastar hasta el 2%, pero además es un tope, no es que lo destines, si se gastara todo ese dinero te quedarías sin operatividad, ya no tendrías para pagar otras cosas, pero se tiene que topar, es una obligación de la Corte para avanzar en el tema y necesitamos cumplir”, expuso.
De acuerdo con la asociación Artículo 19, en 2021 el gasto en publicidad del Gobierno Federal fue de 2 mil 248 millones de pesos, 70 veces menos de lo que propone la iniciativa.
En la propuesta que ya fue publicada en la gaceta parlamentaria, se establece que el recurso destinado a la publicidad deberá realizarse bajo el concepto de la “utilización racional de los recursos”, y bajo los principios de honradez “el cual se entiende como un actuar probo, recto, sin desvío alguno”.
También mandata que los gastos en publicidad podrán realizarse siempre y cuando sean con fines informativos, educativos o de orientación social “sin que constituyan una promoción personalizada de cualquier servidor público, candidato, o partido político”.
En otro de los artículos señala que la línea editorial de los medios de comunicación “no podrá ser obstáculo para la contratación y difusión de propaganda gubernamental ”.
Ordena a los entes públicos abstenerse de cualquier conducta que, de manera directa o indirecta, tenga por objeto, efecto o fin, influir, sugerir, recomendar, exigir u obligar a los medios de comunicación a que sus contenidos se ajusten a cualquier criterio editorial o contenido determinado, a cambio de la contratación presente o futura de la difusión de propaganda gubernamental”.
Tal prohibición incluye cualquier acto de los servidores públicos que pretenda incidir o influir en la equidad de una contienda entre partidos políticos, precandidatos y candidatos, ya sea en periodos de precampaña o campaña electoral, e incluso fuera de dichos periodos.
Apenas el pasado 10 de marzo, Gutiérrez Luna presentó un proyecto de decreto para establecer la legalidad de difundir la revocación de mandato. El proyecto subió al pleno como de “urgente resolución”, por lo que fue debatido y avalado el mismo día. Por ese motivo, no se descarta que la iniciativa pueda debatirse en el pleno este mismo jueves.
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