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Al menos mil 360 niños y niñas no se han reunido con sus madres y padres seis años después de que el Gobierno de Estados Unidos los separara de manera forzada en la frontera de Estados Unidos y México; reveló el informe "Tenemos que llevarnos a los niños: Tras seis años de la política de ‘Tolerancia Cero’, la rendición de cuentas es nula".
Además, informó que el gobierno se negó, durante días o semanas, a revelar a padres y madres las circunstancias y el paradero de sus hijos e hijas, tras ser separados, lo que concuerda con la definición de desaparición forzada, de acuerdo con las organizaciones Human Rights Watch, Texas Civil Rights Project (TCRP) y la Clínica Internacional de Derechos Humanos Lowenstein de la Facultad de Derecho de Yale.
“Las separaciones forzadas de familias también pueden haber constituido tortura, que ocurre cuando un agente del Estado provoca de manera deliberada sufrimiento grave con fines indebidos. Incluso un único caso de desaparición forzada o tortura es un delito conforme al derecho internacional”, señala el informe.
Al analizar documentos de política y correos electrónicos gubernamentales se estableció que funcionarios separaron de manera deliberada a niños y niñas de sus padres y madres para disuadir a otras familias con intenciones de entrar a Estados Unidos de manera irregular.
“Hubo altos funcionarios que intervinieron para mantener a niñas y niños separados de sus padres cuando agencias federales comenzaron a procurar la reunificación de las familias con rapidez”, explican las organizaciones.
De este modo, el gobierno de Estados Unidos separó a más de 4 mil 600 niños y niñas de sus padres entre 2017 y 2021. Los mil 360 niños y niñas cuyo paradero todavía no se ha informado representan casi el 30% de las niñas y niños separados durante la primera administración del presidente electo, Donald Trump. Indicó que el gobierno logró la separación familiar a través de una aplicación novedosa de dos leyes federales.
“En primer lugar, se procesó a los padres por “ingreso indebido”, un cargo federal de gravedad menor. En segundo lugar, se utilizó el período breve de transferencia de los padres del CBP al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, mientras comparecían ante los tribunales, para tratar a sus hijos o hijas como si no estuvieran acompañados”, detalla el documento.
De este modo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) aplicó entonces otra ley para transferir a niñas y niños a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, la agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos responsable de niñas y niños no acompañados.
Aunque una orden judicial de junio de 2018 frenó las acciones del gobierno para separar de manera sistemática a todas las familias que ingresaran a Estados Unidos sin autorización; la orden judicial permitió separaciones por otros motivos, y el gobierno siguió separando a cientos de niños y niñas hasta fines de 2019.
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