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Desde 2016, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó un documento para que padres de familia, profesores y directores de escuelas supieran qué hacer para prevenir y dar seguimiento a casos de abuso sexual en menores.
El documento incluye retirar de la atención frente a grupo al presunto responsable e informar a la Contraloría, Unidad de Asuntos Jurídicos y Supervisión escolar de zona de la SEP.
De igual forma, obligan a los directores a “notificar inmediatamente” cualquier caso de violencia que se detecte en contra de los niños: “Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación a sus derechos.
“Guardar silencio sobre un abuso implica corresponsabilidad por omisión”.
Esta semana se dio a conocer el caso del Jardín de Niños Marcelino de Champagnat, en la alcaldía de Gustavo A. Madero, en el que un trabajador administrativo habría abusado sexualmente de 37 niños.
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Tras las denuncias, la SEP se comprometió a instalar cámaras de vigilancia en el kínder, cambiar al personal, realizar supervisiones mensuales sorpresa y adecuar algunas áreas del centro escolar.
El protocolo también contempla que profesores, personal directivo y supervisores realicen visitas periódicas de supervisión a las aulas e identificar en el plantel escolar los posibles espacios físicos de riesgo que puedan afectar la integridad de los infantes.
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