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Desde 2016, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó un documento para que padres de familia, profesores y directores de escuelas supieran qué hacer para prevenir y dar seguimiento a casos de abuso sexual en menores.
El documento incluye retirar de la atención frente a grupo al presunto responsable e informar a la Contraloría, Unidad de Asuntos Jurídicos y Supervisión escolar de zona de la SEP.
De igual forma, obligan a los directores a “notificar inmediatamente” cualquier caso de violencia que se detecte en contra de los niños: “Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación a sus derechos.
“Guardar silencio sobre un abuso implica corresponsabilidad por omisión”.
Esta semana se dio a conocer el caso del Jardín de Niños Marcelino de Champagnat, en la alcaldía de Gustavo A. Madero, en el que un trabajador administrativo habría abusado sexualmente de 37 niños.
Tras las denuncias, la SEP se comprometió a instalar cámaras de vigilancia en el kínder, cambiar al personal, realizar supervisiones mensuales sorpresa y adecuar algunas áreas del centro escolar.
El protocolo también contempla que profesores, personal directivo y supervisores realicen visitas periódicas de supervisión a las aulas e identificar en el plantel escolar los posibles espacios físicos de riesgo que puedan afectar la integridad de los infantes.