Más Información
La Secretaría de Educación Pública (SEP) alista el anteproyecto de un programa de becas completas y vitalicias, desde preescolar hasta educación superior, para las 18 víctimas directas de abuso sexual por parte de servidores públicos adscritos a la Autoridad Educativa Federal (AELCM), dentro del jardín de niños Marcelino de Champagnat, plantel administrado por la propia autoridad educativa federal.
De acuerdo con el documento disponible en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), este esquema responde a las diferentes órdenes judiciales emitidas en diversas sentencias federales que obligan al Estado a garantizar una reparación integral, incluida la continuidad educativa “como medidas de satisfacción y garantías de no repetición (...) con la finalidad de que puedan continuar con sus estudios y logren la plena realización de su proyecto de vida”.
Las resoluciones establecen que la beca debe ser específica y distinta a los programas de apoyo económico existentes, ya que su finalidad no es social sino de resarcimiento por violaciones a derechos humanos. El apoyo económico emanará de la gestión de recursos propios de la SEP, es decir no dependerá de esquemas universales o sujetos a reglas de operación generales de otros apoyos.
La estimación de la cantidad de entrega para cada apoyo se hará a partir del salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, lugar donde ocurrieron los hechos, con porcentajes que van de 80% para preescolar, primaria y secundaria, a 100% para bachillerato, y 200% para educación superior.
Lee también Sheinbaum reacciona a colocación de letreros supuestamente de EU en playa de Tamaulipas
Los montos anuales también deberán calcularse conforme a las Reglas de operación del Fideicomiso para el cumplimiento de las obligaciones en materia de Derechos Humanos.
Además, el documento ordena que una de las víctimas, que cursa educación especial reciba un incremento de 10%, como ajuste razonable a sus necesidades.
Sobre la entrega del apoyo, el acuerdo fija como único requisito que las víctimas estén inscritas en una institución pública y cursando el ciclo escolar correspondiente.
Asimismo, la beca podrá coexistir con cualquier otro apoyo educativo sin restricciones, y deberá ajustarse cada año o cuando exista cambio de nivel educativo. El monto final se calculará con base en un esquema de pago mensual y anual, considerando ciclos de 11 meses, según lo establece el propio fideicomiso.
Lee también Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional
El documento señala que la entrega de este apoyo por parte de la SEP debe cumplir con dos fallos principales el primero es la sentencia condenatoria del 9 de septiembre de 2019, dentro de la causa penal 427/2018, acompañada de la resolución incidental del 11 de octubre de 2023 en el expediente de ejecución SIPE 159/2019.
El segundo es la sentencia del 29 de diciembre de 2021, dentro de la causa penal 258/2018 y sus acumuladas (Juicio Oral 15/2021), junto con el acuerdo del 24 de agosto de 2023 y la Constancia de Resolución del 8 de septiembre de 2025 emitida en el expediente SIPE 207/2023.
Para implementar el programa, la SEP instruirá a las Subsecretarías de Educación Básica, Media Superior y Superior, así como a la Unidad de Administración y Finanzas y a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, para coordinar la operación.
En 2018, padres de familia del kínder Marcelino de Champagnat, en la colonia San Juan de Aragón, de la alcaldía Gustavo A. Madero, denunciaron abusos sexuales cometidos por personal del plantel contra sus hijos, entonces de 3 a 5 años.
Lee también Marcha de la Generación Z: Morena, PVEM y PT cierran filas con Sheinbaum
EL UNIVERSAL documentó que en las primeras protestas los familiares de los menores de edad señalaron que al menos 37 menores habían sido víctimas y que uno de los agresores utilizaba amenazas como “el coco va a matar a tus papás” para silenciarlos.
Dichas denuncias derivaron en procesos penales, sanciones administrativas y una disculpa pública de la SEP en 2025, donde la institución reconoció omisiones en la protección de los alumnos.
Los fallos posteriores concluyeron que el Estado falló en garantizar un entorno seguro y ordenaron medidas de reparación integral, incluida la obligación de asegurar que las víctimas puedan continuar y concluir sus estudios en instituciones públicas.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
apr/em
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]