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“Cuando a mí me atacaron pensé que yo era la primera mexicana a la que le pasaba algo como eso [ataque con ácido]. Con el paso del tiempo me di cuenta que no. Mi lucha es no ser la primera, pero sí la última. tenemos que poner un alto en seco para que no siga sucediendo”, dijo Ana Saldaña, una de las víctimas.
Saldaña, junto con otras mujeres agredidas y senadores del PAN, PRI, MC y PVEM, anunciaron que en breve presentarán una iniciativa para elevar a delito grave que las mujeres sean violentadas con el uso de ácido.
De acuerdo con el borrador de la propuesta, los ataques con ácido en México no tienen cifras oficiales, sin embargo, a partir de una búsqueda hemerográfica es posible dar cuenta de que se trata de un “crimen en expansión” y que ha pasado desapercibido frente a otras expresiones de violencia extrema.
La iniciativa pretende modificar el Código Penal federal, en el sentido de que se le impondrán de 10 a 15 años de prisión a quien lesione a una mujer por razón de género y hasta 33 años de prisión a quien lo haga con sustancias corrosivas como el ácido.
Los legisladores lamentaron que México sea un país inseguro para las mujeres, dado que 19.1 millones de ellas han enfrentado violencia por parte de su pareja sentimental a lo largo de su relación y que 64% sea violencia severa y muy severa.
Según la asociación Acid Survivors Trust International (ASTI), los ataques con ácido son más comunes en sociedades donde existe desigualdad entre hombres y mujeres, y donde el Estado de derecho es débil.
“Se tienen registros de mil 500 ataques al año en todo el mundo, siendo el 80% agresiones hacia mujeres, y se calcula que 60% de los ataques no se denuncian”, señala la asociación.
El senador Raúl Bolaños (PVEM) dijo que la ASTI indica que, aunque en México los ataques con ácido sean ajenos al país, es “inquietante su reciente aparición”, por lo que este tipo de conductas deben sancionarse a nivel federal.
La senadora Josefina Vázquez Mota (PAN) agregó que en este delito la “impunidad llegó a su fin”, porque buscarán que sea sancionado y atendido por el sector salud, pues 40% de las víctimas no han cumplido los 18 años cuando ocurre la afectación.
El senador Eruviel Ávila (PRI) adelantó que mediante un punto de acuerdo solicitarán a la Secretaría de Salud que las víctimas sean atendidas médica y sicológicamente de manera gratuita.
