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La bancada del PRI en el Senado presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) a informar públicamente sobre los criterios técnicos, financieros y sociales que llevaron a priorizar la infraestructura eléctrica del Tren Maya sobre el acceso básico y permanente a la electricidad en comunidades mayas.
Además, el grupo parlamentario tricolor solicitará al Gobierno federal que precise las medidas de reparación, indemnización o compensación adoptadas frente a la ocupación de tierras y las interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos de las comunidades afectadas y restablecer su acceso a servicios básicos en condiciones dignas.
El documento solicita detallar los criterios que justificaron la inversión de más de 8 mil millones de pesos en el Tren Maya, así como las acciones implementadas para asegurar que las comunidades mayas cuenten con acceso pleno, regular y permanente al servicio eléctrico. Además, exige información sobre la realización de consultas previas, libres e informadas a las comunidades indígenas, de acuerdo con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El punto de acuerdo subraya que el acceso a servicios básicos constituye un derecho fundamental consagrado en la Constitución, que asegura a todas las personas un nivel de vida adecuado y el disfrute de los recursos indispensables para su bienestar. Asimismo, establece la obligación del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En este contexto, los legisladores priistas advierten que el suministro eléctrico es un servicio público esencial y una condición indispensable para el desarrollo integral de las comunidades, especialmente aquellas históricamente vulneradas, como los pueblos originarios mayas.
Destacan que esta situación evidencia una contradicción entre el gasto público destinado a un megaproyecto y la falta de servicios básicos para comunidades históricamente vulneradas, lo que demanda transparencia, rendición de cuentas y atención inmediata a los pueblos mayas.
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