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El senador de Morena, Germán Martínez Cázares , informó a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de su eventual abstención para votar la solicitud del Poder Ejecutivo de realizar una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes por actos de corrupción. Consideró que la pregunta que propone el presidente no tendrá “ninguna eficacia ni eficiencia”.
En un documento fechado el 18 de septiembre y dirigido a Eduardo Ramírez Aguilar, titular de la Mesa Directiva del Senado de la República, Martínez Cázares dijo que su abstención se funda en las razones de oportunidad, combate a la impunidad, eficacia constitucional, protección a los derechos humanos y experiencia internacional.
“En referencia a la solicitud del Ciudadano Presidente de la República de fecha 15 de septiembre de 2020 para activar el procedimiento de una consulta popular, comunico a usted mi eventual abstención en ejercicio del derecho a voto que tengo como Senador de la República en la posible y futura votación relativa a la consulta popular que sometió a nuestra consideración el presidente López Obrador ”.
Dijo que está en duda la constitucionalidad de la pregunta planteada por el presidente; y además cuestionó la eficacia de esta para sancionar delitos.
“Si bien su constitucionalidad está en duda, y resolverá la corte; el resultado pudiera arrojar esa pregunta no tendrá ninguna eficacia y eficiencia para sancionar las probables conductas ilegales de nadie”.
En su escrito, Martínez Cázares reconoce su vínculo con el gobierno del expresidente Felipe Calderón, del cual formó parte, pero insistió en que no tiene, ni con aquel gobierno, ni con la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que también participó, ningún conflicto de interés; tampoco económico o de negocios, ni personal, ni relación familiar con ningún ex presidente de México.
Aseguró que su escrito no busca proteger a nadie ni está dictado por nadie; sin embargo, dijo que, si bien no está a favor de la impunidad de los expresidentes o servidores públicos, se pueden iniciar los procesos legales correspondientes y dejar que la justicia ordinaria actúe.
“Considero que la justicia ordinaria puede, sin ninguna tardanza, iniciar las investigaciones correspondientes, de hechos probablemente delictuosos, sin importar el cargo que ostenten o hayan ostentado (...) no pretendo lastimar la unidad de la bancada de Morena, pero el derecho a disentir, pregonado por el presidente López Obrador, implica el derecho a abstenerse, y aunque el presidente anunció que votará en contra en esa consulta, yo me pronuncio inmediatamente por la abstención parlamentaria”.
El legislador argumentó que el procedimiento de la consulta no es sencillo por los requisitos, plazos y condiciones fácticas que, “en la práctica pueden imposibilitar una genuina y espontánea participación social”.
Entre las fallas que encontró al diseño de la Ley es la celebración de la misma, puesto que la ley señala que la fecha debe ser la jornada electoral; sin embargo, otra modificación constitucional la mandata el primer domingo de agosto.
Consideró que, si la consulta resultara a favor o en contra, podría no ser eficaz para aclarar conductas presuntamente delictivas ni someter a los expresidentes a la rendición de cuentas.
“En el escenario probable de un triunfo del ‘sí’, el resultado no vincula a los jueces, ni a la ‘autónoma’ Fiscalía General de la República; por el contrario, en el escenario probable de que no participe el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, o triunfe el ‘no’ en la consulta, ese resultado no evitaría que los expresidentes comparezcan ante un juez a conocer una eventual imputación penal e incluso la consulta podría dilatar u obstruir la impartición de justicia”.
grg
