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El pleno del Senado avaló en lo particular, con 73 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones, los artículos reservados de la reforma para fortalecer las capacidades del Estado contra el lavado de dinero.
La senadora de Morena Lucia Trasviña presentó la reserva que elimina la referencia al financiamiento al terrorismo en diversos artículos de la iniciativa, toda vez que ya dicho término ya está contenido en el Código Penal Federal.
Explicó que actualmente el marco normativo en México tipifica el aporte o la recaudación de fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades, individuos u organizaciones terroristas o para ser utilizados directa o indirectamente, total o parcialmente para la comisión en territorio nacional o en el extranjero de dichas conductas.
El Código Penal Federal tipifica el terrorismo en los artículos 139, 139bis, 139 Ter la conducta de sabotaje en el artículo 140, el terrorismo internacional en los artículos 148bis, 48 Ter y 148 quarter.
Recordó que el Estado mexicano es parte de diversos instrumentos internacionales que ya prevén el combate y erradicación de las conductas en materia de la reserva.
“México es parte de las convenciones adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas, así como también es parte de la Organización de los Estados Americanos. En este sentido, el marco normativo de México ya cumple con los estándares internacionales para la prevención de dichas conductas. De la interpretación sistemática integral del entramado jurídico mexicano, se advierte que la reforma al Código Penal Federal a discusión resulta totalmente innecesaria.
Lucía Trasviña señaló que la reserva aprobada “no merma el esfuerzo del Estado en el combate y prevención del lavado de dinero”. El dictamen aprobado fue remitido a la Cámara de Diputados.
Oposición advierte riesgos a la seguridad y datos personales
En el debate, PAN y el PRI y Movimiento Ciudadano (MC) advirtieron riesgos al patrimonio, la seguridad, los datos personales y los derechos humanos.
El senador de Morena Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, explicó que el propósito de esta reforma es garantizar la estabilidad del sistema financiero, cumplir con estándares internacionales y proteger la integridad de la economía nacional. Dijo que es una herramienta fundamental para enfrentar la inseguridad, la impunidad y el financiamiento a las redes criminales de alto impacto.
Desmintió que se habilite a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a intervenir en operaciones financieras sin control judicial o del Ministerio Público, convirtiéndolas en órganos de vigilancia directa sobre ciudadanos.
“No es una ley penal, ni de persecución de delitos, sino una ley de naturaleza preventiva y administrativa. Su objetivo es evitar que el sistema financiero y económico sea utilizado fines ilícitos mediante medidas de identificación, reporte y control”, aseguró.
Señaló que lo que se busca es cumplir compromisos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), evitar sanciones internacionales y asegurar la transparencia y legalidad del sistema económico nacional.
La senadora del PAN Guadalupe Murguía afirmó que su bancada respalda el objetivo de identificar y prevenir el lavado de dinero y las operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero advirtió que “tal como está la reforma, implica afectaciones a los derechos humanos, a los datos personales, al patrimonio financiero de las personas, que puede ser bloqueado incluso sin autorización judicial, al secreto bancario y a la presunción de inocencia”.
Del PRI, Claudia Anaya denunció que es más una persecución contra las actividades informales o contra las organizaciones religiosas o filantrópicas que contra el lavado de dinero.
“Ahora resulta que no ve nadie en este país los grandes movimientos de lavado de dinero, que ya nos dijo el Departamento del Tesoro que tres bancos mexicanos van a tener suspensión de actividades en Estados Unidos por lavado de dinero, particularmente vinculados con Alfonso Romo, gente por cierto muy cercana a ustedes, que le está lavando dinero a cuatro cárteles mexicanos y nadie vio nada.
Alejandra Barrales, de MC, afirmó que esta reforma posibilita el acceso por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a información, datos, imágenes y documentación de los mexicanos en posesión de los entes públicos sin restricción alguna ni mediar autoridad u orden judicial.
Esta tarde inició debate del dictamen
El pleno del Senado inició el debate del dictamen Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal, que se busca fortalecer el combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Después de que este martes el dictamen fue bajado del orden del día, en la sesión de hoy se presentó el dictamen que incluye el monitoreo como Personas Políticamente Expuestas (PEP) colegios de profesionistas, órganos autónomos, legisladores, juzgadores, fiscales, policías, secretarios de Estado y todo tipo de servidores públicos en los tres niveles de gobierno y los tres Poderes de la Unión.
El debate en el Senado mexicano se realiza el día en que paradójicamente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), emitió órdenes en las que identifica a tres instituciones financieras mexicanas como una preocupación principal en materia de lavado de dinero, específicamente en relación con el tráfico ilícito de fentanilo y otros opioides sintéticos.
Al respecto, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, expuso que el gobierno mexicano y la mayoría de Morena deben aclarar si esta investigación en Estados Unidos fue la causa de la pausa que se hizo la víspera para aprobar esta reforma antilavado de dinero.
“Exigimos que en el tema de los tres bancos acusados de lavado de dinero se abra una investigación en México, se trasparenten los resultados”, apuntó.
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