Más Información
En medio de la intensa disputa entre las diferentes fuerzas políticas rumbo a 2024, el Senado se apresta a designar a magistrados de tribunales electorales de 17 entidades que concentran a 63.7% de los 93 millones de electores mexicanos.
A los nuevos magistrados les corresponderá calificar elecciones de gubernaturas, presidencias municipales y congresos locales en los próximos años, por lo que es un asunto prioritario para los partidos políticos.
Se trata de los tribunales electorales de Baja California, Colima, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y de la Ciudad de México, cuyos electores suman 59 millones 712 mil 753 ciudadanos, según el Padrón Electoral Nacional hasta el 29 de octubre de 2021.
En total serán 20 nuevos magistrados, ya que en 15 de los 17 estados se elegirá a un magistrado o magistrada electoral, mientras que en Nayarit serán dos, una magistrada y un magistrado, y en Colima tres, un magistrado numerario y un magistrado y una magistrada supernumerarios.
Serán seleccionadas por la Cámara Alta autoridades electorales que tendrán la responsabilidad de proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos y garantizar que se respete la voluntad de los votantes expresada en las urnas durante los procesos electorales de 2022, 2023 y 2024, año en que se realizará la elección presidencial.
Los nuevos magistrados electorales serán electos en forma escalonada por las dos terceras partes de los miembros presentes en el Senado, quienes deberán garantizar la composición paritaria y la alternancia de género en cada uno de los tribunales, como lo establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El experto en legislación electoral Marco Antonio Baños dijo que es necesario que se elija a magistrados con las mejores trayectorias, sin importar afinidades políticas o personales.
“Me parece que deben elegirse por consenso. Es natural que los senadores de cada entidad piensen que tienen la posibilidad de impulsar a personas que conozcan, que les resulten cercanas.
“Es necesario que quienes resulten designados actúen con absoluta imparcialidad para evitar que el desempeño de estas importantes funciones se den con un criterio partidario o con un tema de identidad, por haber sido favorecidos o apoyados por un determinado partido. Eso no es deseable para los órganos jurisdiccionales locales.
“Es importante que los senadores se persuadan de que deben elegir a los que tienen las mejores trayectorias, con los mejores conocimientos y con la imparcialidad en sus funciones.
“Hemos visto cómo todavía hay tramos por resolver en el funcionamiento de los tribunales electorales. Se advierten en algunos casos problemas de colegialidad que a veces no tienen nada que ver con las formas de interpretar la legislación (...) a veces la integración y el trabajo colectivo, en equipo, pareciera que les generan complicaciones”, dijo.
Advirtió que esa situación debe ser revisada por el Senado y “escoger los mejores perfiles, primero, por sus conocimientos y por su capacidad para trabajar en equipo con absoluta imparcialidad y en apego a los principios de la función electoral”.
Baños Martínez agregó que los tribunales electorales son órganos importantes que revisan en una primera instancia las controversias que se presentan en materia de elecciones locales.
El exconsejero electoral se pronunció por evitar la reelección de magistrados, ya que, afirmó, lo que el Poder Judicial requiere es refrescarse: “Quienes han estado en estos temas de los tribunales ya cumplieron con su misión y no deben buscar un segundo o tercer periodo”.
Por su parte, el exconsejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) Luis Carlos Ugalde subrayó que el Senado tiene que privilegiar la experiencia y la independencia de las personas seleccionadas.
Sin embargo, advirtió que el problema es que “la agresividad de Morena” contra las autoridades electorales, en particular contra el Instituto Nacional Electoral (INE), puede propiciar que trate de tomar una postura de privilegiar la lealtad o privilegiar personas cercanas más que la experiencia, “ese es el riesgo”.
Ugalde Ramírez apuntó que las cualidades que deben considerar los senadores son el profesionalismo y la imparcialidad. “Eso es lo deseable” en este proceso, insistió y agregó que los tribunales electorales son órganos que revisan todas las controversias que se presentan en materia de las elecciones locales y por eso su función es primordial.
A su vez, el politólogo José Antonio Crespo también llamó a los senadores a seleccionar a los mejores perfiles por su trayectoria y autonomía, al reconocer que el proceso que lleva a cabo la Cámara Alta puede ayudar a mejorar el funcionamiento de los tribunales electorales estatales.
“Depende con qué criterio lo haga. Si deveras lo está haciendo con un criterio de mejorar a las instituciones, bienvenido, pero si se va a imponer una mayoría de Morena para poner gente a modo, en eso habrá que estar muy atentos, pues lo único que van a hacer es que pierdan su autonomía y que, por el contrario, empiecen a jugar a favor de un partido”, advirtió.
Crespo Mendoza puntualizó que, al tratarse de una votación con mayoría calificada, es menos probable que los senadores pongan a gente a modo, pues habría un freno para que se negocie entre las diferentes bancadas del Senado y se seleccione a la gente que valga la pena, que tenga una trayectoria impecable.
La capital
En el caso del Tribunal Electoral de la capital del país, se registraron 19 aspirantes para relevar por los siguientes siete años a Gustavo Anzaldo Hernández, quien hasta el 6 de octubre ocupaba la presidencia de dicho órgano electoral colegiado, cuya conformación hasta ese momento era de dos mujeres y tres hombres.
Ahora, los senadores deberán elegir a una mujer para cumplir con el principio de paridad que dispone el artículo 106 de la LGIPE y porque el género mayoritario debe alternarse para lograrla, como se estableció expresamente en la convocatoria.
Entre los aspirantes se encuentran personas identificadas con algunos personajes políticos, como Sandra Delgado Chapman, quien trabajó directamente con la representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Anabel Gordillo Argüello es secretaria de Estudio y Cuenta de Indalfer Infante González, magistrado de la Sala Superior, y esposa de Ernesto Camacho Ochoa, magistrado de la Sala Regional Monterrey.
Shunashi Morales Díaz Ordaz, subdirectora de Análisis Consultivo Técnico Jurídico en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, así como Sandra Araceli Vivanco Morales, titular de la Defensoría Pública del TECDMX. Adolfo Román Montero es el único aspirante varón registrado.
El pasado 21 de octubre, una vez examinados los expedientes y agotadas las comparecencias de los aspirantes válidamente inscritos, la Comisión de Justicia del Senado presentó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el dictamen con la lista de candidatos que fueron considerados elegibles y que pasará al pleno para su análisis, discusión y aprobación. El voto de los legisladores será secreto y las cédulas de votación de cada uno de ellos serán depositadas en urnas.
La designación de las magistradas y magistrados que se integrarán a los tribunales electorales locales es un tema prioritario de todos los partidos políticos y bancadas, pues corresponderá a esos órganos colegiados calificar los próximos procesos electorales de cada entidad federativa en donde sean designados.
Por ejemplo, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México determinará la validez de la consulta de revocación de mandato de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, programada para 2022, así como los comicios para elegir al relevo de la morenista, todas las alcaldías y diputaciones locales en 2024.
La designación de quienes resulten electos se comunicará a los gobernadores de Baja California, Colima, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y a la jefa de Gobierno, así como a los congresos y tribunales locales, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
