La presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República, Patricia Mercado presentó el anteproyecto de Dictamen de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que busca avanzar en un marco legal nacional para revertir la cifra de 16 mil muertes anuales en el país a raíz de accidentes viales.
El proyecto se base en tres iniciativas presentadas por dos senadoras y dos senadores en la LXIV Legislatura y busca cumplir con en el artículo transitorio segundo de la reforma al artículo 4o. constitucional, para expedir la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial , con el objetivo de garantizar el derecho ya reconocido en la Constitución a la movilidad en condiciones de seguridad vial , accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
“Ha habido mucha voluntad política, mucho interés y mucha participación. Por eso ha sido tan importante el incluir las voces de todos, darnos tiempo de salir a las regiones y a partir de eso, tener una visión que nos permita construir los acuerdos necesarios para evitar las 16 mil muertes y todas las agravantes de no garantizar políticas de Estado de la seguridad vial”, comentó Patricia Mercado.
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El actual anteproyecto dará paso a un dictamen que se discutirá en los próximos meses en comisiones y en el Pleno del Senado, para establecer las bases de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno y la creación del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial y de las Plataformas Nacional y Estatales de Información, con el fin de tener evidencia para lograr reducir las muertes, lesiones de gravedad y discapacidades ocasionadas por hechos viales.
La Ley establecerá la siguiente jerarquía en el uso de la vía pública para los peatones, ciclistas y usuarios de vehículos no motorizados, personas usuarias y prestadoras de transporte público, motociclistas, prestadores de servicios de distribución de bienes y mercancía, personas usuarias de vehículos motorizados particulares.
De acuerdo con el anteproyecto de Dictamen, las autoridades estatales y municipales deberán establecer mecanismos locales de movilidad y gestión de la seguridad vial bajo los principios de que todo siniestro de tránsito, que dé lugar a lesiones graves o la muerte de las personas usuarias de los sistemas de movilidad, es prevenible.
Mantener las velocidades vehiculares por debajo de un determinado umbral de seguridad es indispensable para reducir muertes y la gravedad de las lesiones.
Todos los vehículos motorizados deberán contar con un seguro para responder por los daños causados a terceros en su persona o bienes.
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