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El pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley Aduanera que plantea endurecer las medidas de control fiscal y los trámites para la importación y exportación de mercancías, con el objetivo de combatir el tráfico de combustibles, la corrupción en el sector y las operaciones de la delincuencia organizada en el contrabando.
Se avaló con una modificación en su artículo primero transitorio, que establece que la norma entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026.
En lo particular, y sin debate de por medio, la reforma fue aprobada por 77 votos a favor, 38 en contra y una abstención.
La reforma presidencial pretende frenar la evasión y elusión fiscal derivada de la introducción de mercancías al país y se incluyen 65 modificaciones, 44 adiciones y nueve derogaciones a la Ley Aduanera, propuestas por la titular del Ejecutivo Federal.
Se pretende modernizar las reglas para un comercio exterior más competitivo, fortalecer la transparencia y legalidad de los procedimientos aduanales, y asegurar una recaudación justa, equitativa y solidaria que sostenga las finanzas públicas sin imponer nuevos cargos a la ciudadanía.
La senadora del PRI, Claudia Anaya, presentó una moción suspensiva, bajo el argumento de que la ley podría generar cuellos de botella en el comercio exterior y alzas en productos de importación si no se revisa cuidadosamente.
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En tribuna argumentó que la iniciativa surge del llamado “huachicol fiscal”, con un daño al erario superior a 600 mil millones de pesos, y criticó que algunas medidas, como la suspensión de agentes aduanales investigados o las multas excesivas, podrían ser inconstitucionales y afectar a importadores.
La senadora del PAN, Imelda Sanmiguel, dijo que la reforma tiene “vicios de inconstitucionalidad y de simulación” y responsabilizó a Morena de convertir al Senado en una “dependencia del Ejecutivo”, ello en alusión a la revelación del presidente de la Comisión de Hacienda, que dijo que por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, la reformará entrará en vigor hasta el 1 de enero del 2026.
“Se concentran responsabilidades excesivas a los agentes aduanales, se endurecen los controles y sanciones en su contra y ahora los hará responsables solidarios de todas las operaciones de comercio exterior en las que participen. No prevé medidas efectivas para prevenir la corrupción ni para mejorar los procesos comerciales”, apuntó.
Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, apuntó: “Nosotros sostenemos que es una reforma que genera una grave afectación económica al ser en el centro una reforma que sobreregula, que no genera certidumbre jurídica y que termina poniendo más trabas al comercio exterior.
“Lo más grave es que esta reforma no ataca de manera eficaz la corrupción en las aduanas. Su solución es imponer cargas y nuevas responsabilidades a los agentes aduanales para obligar a vigilar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que hagan importaciones. Pero, lo contradictorio de esta reforma es que no establece responsabilidades, sanciones ni mecanismos de control hacia las autoridades aduaneras”, agrego.
Cabe destacar que la discusión en lo particular se prevé que se extienda hasta la medianoche y por la modificación con nuevo transitorio para que entre en vigor hasta el 1 de enero del 2026, se devolverá a San Lázaro.
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