El pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular el decreto que expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y, así como reformas a la Ley Federal de Austeridad Republicana, de la Ley de la Economía Social y Solidaria y, de la Ley General de Sociedades Cooperativas, donde se incluye la desaparición de .

Durante la sesión de este jueves se avaló con 68 votos a favor y 23 en contra el nuevo marco legal que fue turnado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial.

La reforma busca actualizar el sistema de contrataciones públicas para dar cumplimiento a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como asegurar las mejores condiciones de contratación para el Estado, a partir de las mejores prácticas en la materia.

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En tribuna, la senadora del PRI, Claudia Anaya, expuso que el que el país tiene dos problemas: “que existen muchas personas dentro de los gobiernos que tienen la intención de robar recursos, al tiempo de haber complicidades para que esos robos sucedan, por lo que compara la corrupción con una enfermedad”.

Argumentó que los casos más significativos de corrupción de los últimos años, como el de Segalmex, lamenta que se prevea eliminar artículos que derivan en irregularidades en procesos de licitación y adjudicación, así como perjudicar los procesos de planeación y concluye que se están reformando leyes y dando discursos que no tienen nada que ver con la realidad.

En tribuna, la senadora del PAN, Imelda Margarita Sanmiguel, consideró que el oficialismo pretende continuar con impunidad y corrupción en el manejo de recursos públicos, por lo que se está visualizando un escenario de retroceso, ya que se deja vulnerable el ámbito de adquisiciones, área donde es primordial la transparencia y vigilancia de los recursos.

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Lamentó que se continúe engañando al pueblo de México, pues no se garantiza la transparencia y la rendición de cuentas dentro del dictamen, al tiempo de que cuestiona la desaparición reciente de la plataforma .

Asimismo, dijo que el dictamen prevé un periodo de treinta meses para implementar una plataforma de fiscalización, lo que considera un acto de corrupción. Concluye que esta reforma implica opacidad y corrupción en el tema de adjudicaciones.

De acuerdo con la reforma se busca lograr una efectiva competencia entre los posibles proveedores e igualdad de circunstancias para los participantes, obteniendo el Estado las mejores condiciones para cumplir con sus funciones sociales y administrativas.

Se crea la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas; se implementa la Tienda Digital del ; se renuevan las estrategias de contratación pública y compras consolidadas.

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em/bmc

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