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El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que expide la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, luego de que se desecharon una veintena de reservas que fueron rechazadas.
Después de un ríspido debate que duró más de seis horas en el marco del periodo extraordinario, se aprobó en lo particular por 71 votos a favor y 29 en contra la reforma que establece la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que asumirá sus funciones como nueva autoridad reguladora.
A través de 299 artículos y 32 disposiciones transitorias, la nueva norma también detalla los derechos de los usuarios y las audiencias, y garantiza el desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, para que contribuyan con el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Los puntos más polémicos de la reforma que fue turnada a la Cámara de Diputados son que se permitirá la geolocalización en tiempo real de todos los teléfonos celulares de los ciudadanos sin una orden judicial; y la posibilidad de suspender las trasmisiones de radio y televisión bajo el argumentar de violar los derechos de las audiencias.
Entre los puntos más relevantes destaca la eliminación del controvertido artículo 109, que habría permitido el bloqueo temporal de plataformas digitales.
Se mantiene el artículo 209, fracción IX, que permite a la Secretaría de Gobernación suspender de manera precautoria la transmisión de publicidad de gobiernos extranjeros, salvo en casos culturales, turísticos o deportivos, para asegurar el cumplimiento del marco legal nacional.
Se prevé la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un órgano desconcentrado de la ATDT con independencia técnica y operativa, encargado de resolver, supervisar y dictar lineamientos regulatorios con base en criterios técnicos y pluralidad institucional.
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En el debate, Manuel Añorve Baños, del PRI, aseguró que el proyecto busca eliminar la libertad de expresión e imponer el autoritarismo digital, pues más allá de los cambios que le hayan hecho al dictamen, permanece la lógica de control, vigilancia, simulación y censura, “porque ahora se le va a bajar el switch a la televisora o estación de radio que se atreva a contradecir al gobierno”.
Alejandro Moreno, senador y dirigente del PRI, argumentó que esta nueva ley “es la guía de bolsillo para construir y fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial y deja claro que es una Ley Censura, es parte, como se ha dicho aquí, de un big brother del bienestar para controlar la vida, la palabra y lo que diga cada ciudadano”,
“Les voy a decir cuál es la diferencia de ustedes con nosotros, un hombre libre como nosotros hace y dice lo que piensa, lacayos, esbirros y esquiroles como ustedes hacen lo que les dicen porque están al servicio del régimen, por ello lo que me preocupa y nos asusta es que su gran ignorancia y mayor estupidez la digan con gran seguridad, porque eso es peligroso para el régimen republicano, por eso quieren un gobierno que espíe, que asuste, que amedrente a las y los ciudadanos”.
Por el PT, Lizeth Sánchez García, indicó que respalda con firmeza la reforma por representar un paso fundamental para un México más inclusivo, justo y más conectado, pues combate la desigualdad digital y garantiza que los derechos fundamentales se ejerzan en el siglo XXI, sumado a que en el dictamen “no se impuso una visión única ni se cerraron las puertas al diálogo”.
En el debate, por momentos ríspido, el senador del PAN, Ricardo Anaya, argumentó el voto en contra de la bancada y apuntó: “Lo denunciamos, era la ley censura y la ley censura se queda”.
“No podemos acompañar una legislación que va a permitir que espíen la ubicación de los ciudadanos y le va a poner una pistola en la cabeza a las televisoras y a los radiodifusores para que no publiquen lo que al régimen le incomoda”.
“Geolocalización en tiempo real, poder para suspender transmisiones. Eso es censura, eso es autoritarismo”, destacó en tribuna.
Waldo Fernández González, del PVEM, afirmó que la reforma impulsa una política poderosa, pues convierte al Estado en el garante de acceso universal del internet, por lo que se da un gran paso y coloca a México como un país en donde la conectividad se transforma en política social y pública, además de que se considera una comisión reguladora de telecomunicaciones que trabajará con la Agencia Digital para velar por los intereses de las y los ciudadanos.
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