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El pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el decreto que expide a Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde de último momento Morena introdujo una reserva para obligar a las unidades de especializadas en investigaciones en materia de terrorismo, tráfico de armas y delincuencia organizada como sujetas obligadas en materia de transparencia.
En el marco de la discusión en lo particular, la senadora por Morena presentó una reserva que fue aprobada donde se excluye de los órganos exentos de ser sujetos obligados a “las Fiscalías correspondientes o las Unidades Especializadas en Investigación de Delincuencia Organizada, terrorismo, acopio y tráfico de armas, delitos contra la salud u operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
La iniciativa original de la presidenta Claudia Sheinbaum señalaba que el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, el Centro Federal de Protección a Personas, las Divisiones de Inteligencia e Investigación de la Policía Federal Ministerial y Guardia Nacional”.
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Asimismo, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro Federal de Investigación Criminal, las Fiscalías correspondientes o las Unidades Especializadas en Investigación de Delincuencia Organizada, terrorismo, acopio y tráfico de armas, delitos contra la salud u operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la Armada, o bien las unidades administrativas que los sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere este artículo.
La senadora por Morena, Nora Ruvalcaba, propuso la modificación donde se obliga a las citadas fiscalías a establecer comités de transparencia, es decir, ser sujetos obligados a esta ley.
Las reformas avaladas en lo general y en lo particular fueron turnada a la Cámara de Diputados para su análisis.
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em/bmc