El Senado de la República abrogó por unanimidad la Ley de Seguridad Interior , que impulsó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto , y que fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El dictamen que fue enviado a la Cámara de Diputados, para su análisis, discusión y aprobación, señala que la Suprema Corte determinó la invalidez de dicha ley por violaciones de carácter procedimental y del cuerpo normativo, así como, por no definir el tiempo de la actuación de los integrantes de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y la falta de competencia del Congreso para legislar en seguridad interior.
“Existen diversas porciones normativas que pudieran ser inconstitucionales, por lo que al ser éstas extraídas del ordenamiento, éste perdería coherencia y solidez en su conjunto como cuerpo normativo. Estaríamos, por tanto, ante un ordenamiento legal desarticulado, que no nos proporcionaría la certeza jurídica y, eventualmente, carecería de eficacia.
Un ordenamiento jurídico así con falta de coherencia normativa, lejos de ser un ordenamiento que de certeza a la actuación de las instituciones, por el contrario, les traería mayor incertidumbre en su actuación y esta incertidumbre se trasladaría también al ciudadano, que es a quien finalmente sirven las instituciones del Estado”, se lee en el documento.
En diciembre de 2017, el Congreso de la Unión, particularmente el PRI, PVEM y Nueva Alianza , avalaron la Ley de Seguridad Interior, con la cual se pretendía regular la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra la delincuencia organizada .
La Ley establecía que la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios no podrá excederse de un año, y podría prorrogarse por decisión del Presidente, de persistir la amenaza a la seguridad interior.
Las bancadas de la oposición anunciaron que acudirían a la Suprema Corte para impugnar la Ley.
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