Combate a la corrupción, inseguridad, desapariciones, así como la violencia contra mujeres y migrantes son los retos que tendrá quien gobierne el próximo sexenio en México. Ante el “alto índice de impunidad”, se requiere reforzar el Estado de derecho, mejorar la seguridad pública y resolver casos como el de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, coincidieron especialistas.
Luis Raúl González Pérez, ómbudsman nacional; Raúl Plascencia Villanueva y José Luis Soberanes Fernández, sus dos antecesores, así como Luis de la Barreda, ex encargado en la materia en la Ciudad de México, señalaron que para tener un avance en la materia se requiere contar con una fiscalía general autónoma, así como fortalecer la colaboración con organismos internacionales defensores de los derechos humanos y dejar atrás “el discurso beligerante” que en algunas ocasiones ha hecho el Estado en respuesta a observaciones y recomendaciones y, en cambio, se debe de ver en ellos una oportunidad para mejorar en el respeto de los derechos humanos en el país.
En entrevista con EL UNIVERSAL, González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), consideró que el balance no es favorable en materia de garantías, debido a que no se ha experimentado un cambio significativo hacia un mayor respeto y vigencia de éstas.
“Tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro Estado de derecho, ni se ha modificado positivamente el entorno que, cuando inició este mandato, enfrentaban de manera cotidiana millones de mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad y violencia. Además de impunidad y corrupción, y desigualdad y pobreza”.
Indicó que en los más de cinco años de la actual administración, “el dolor y sufrimiento de miles de personas derivado de hechos de violencia, desaparición de personas, desplazamientos forzados y víctimas de algún ilícito son saldos de dolor e impunidad que no han disminuido”.
Ante el cambio de gobierno, comentó que se debe de apostar a políticas de prevención y menos de reacción, por lo que se requiere “una transición a la genuina legalidad. La sociedad clama por seguridad, alto a la violencia, imperio de la legalidad, reducción de impunidad, prevención y sanción de la corrupción. Todo lo que propicie que haya acceso efectivo a la justicia abona a que los derechos humanos sean vigentes y puedan hacerse efectivos”.
Balance negativo. Soberanes Fernández, ex presidente de la comisión, consideró que el balance de la gestión actual ha sido “negativo” en ser garante del cumplimiento de los derechos humanos. Fueron “más declaraciones bonitas” que avances reales en temas delicados, por ejemplo, casos de desapariciones o la militarización de las tareas de seguridad pública.
“Veo un balance negativo, se quedó mucho en las declaraciones y los buenos propósitos, pero que no se concretaron en los hechos. El primer gran tema es el de la corrupción, hubo muchas promesas y declaraciones bonitas en el tema de los desaparecidos, que es muy sensible para la sociedad y las Fuerzas Armadas metidas en la seguridad pública, se debieron haber preparado a los policías adecuadamente y no hubo tal”, dijo.
El ex titular de la CNDH durante el periodo de 1999 a 2009 afirmó que otro tema en el que se debe enfocar la próxima administración es el de la inseguridad, debido a que evita que las personas tengan acceso a una vida libre de violencia, así como recuperar la colaboración con los organismos internacionales que se vio dañada tras el caso Ayotzinapa.
Plascencia Villanueva, ex presidente de la CNDH en el periodo de 2009 a 2014, señaló que es necesario y básico el reforzamiento del Estado de derecho, la observancia de la ley, mejores condiciones de seguridad pública, el compromiso real con los derechos humanos, y “que esto no quede en los discursos, sino en términos de acciones fundamentales”. Indicó que el Estado mexicano debe cambiar “su discurso beligerante” y debe respetar los pronunciamientos y recomendaciones que emitan organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) o algún relator especial.
Actuación eficaz del gobierno. De la Barreda, quien se desempeñó como primer presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, aseguró que en estos cinco años el gobierno federal actuó “con toda eficacia” al detener a más de 100 personas relacionadas con la noche de Iguala, Guerrero, a diferencia de lo que ocurrió con tragedias similares como la matanza de Tlatelolco en 1968.
“El gobierno mexicano debe seguir apoyando a la CIDH y tiene que dar las facilidades de investigación a todas las organizaciones humanitarias que trabajan por los derechos humanos, pero en ocasiones muy claras, algunos de esos órganos no ha actuado con plena objetividad, sino para quedar bien políticamente con algún grupo, sector o ideología”.
Denise González Núñez, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, indicó que un tema relevante que debe ser atendido de manera inmediata debe ser la de tener una fiscalía que actúe de manera independiente, “y para esto se van a necesitar voluntad política y muchos recursos para generar las condiciones estructurales”.
Ximena Andión Ibañez, presidenta de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), aseguró que se deben fortalecer las comisiones estatales en la materia, porque “tienen un rol importantísimo en la defensa de las garantías individuales, debido a que juegan un papel relevante en la interlocución entre las organizaciones de derechos humanos y las autoridades de los tres niveles de gobierno [federal, estatales y municipales]”.
