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El incremento de la violencia en el país no tiene relación con el nuevo sistema penal, afirmó el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno.
“No hay una relación entre el incremento de la incidencia delictiva y el sistema de justicia penal. El sistema, sin embargo, necesita fortalecer algunas de las piezas que no están funcionando y le harían operar mejor, pero no puede atribuirse al sistema de justicia penal cualquier causa de incremento o disminución en la incidencia delictiva”, dijo.
Reconoció que la sociedad ha señalado continuamente la posibilidad de que el sistema es una puerta giratoria para que los delincuentes salgan cuando cometen delitos no graves, porque estos no merecen prisión preventiva como medida cautelar.
En la medida en que sean resueltos los problemas que tiene el nuevo sistema, eso generará una mayor confianza en la sociedad y se hará un uso racional de la prisión preventiva.
Ernesto Canales, fiscal anticorrupción de Nuevo León, explicó que el nuevo sistema no prohíbe la imposición de la prisión preventiva, pero obliga a los jueces a examinar las circunstancias particulares para determinar si procede o no.
Los jueces aún no han terminado de prepararse frente a la responsabilidad que implica ordenar la prisión preventiva, no porque lo dicta la ley, sino porque ellos realizaron una valoración y toman la decisión.
Durante la presentación del noveno Foro de Seguridad y Justicia, Layda Negrete, de la Red Nacional de Juicios Orales, señaló que para establecer una causalidad entre violencia y el nuevo sistema se debería realizar un estudio profundo y sólido antes de culpar.
“Atribuir causalidad de un cambio de normas a un fenómeno bien complejo, como es la violencia, requiere un estudio muy serio, estadísticamente sólido”, comentó.
“Saber qué es causa qué requiere de mucho estudio y debe ser abordado seriamente, nos estamos haciendo esa pregunta y requiere de mucha cabeza contestarlo. Hasta el momento ese es un argumento [culpa del sistema penal] pero no tiene respaldo científico”.
Aclaró que no es lo mismo el sistema penal que el de seguridad pública, por lo que destacó la urgencia de emitir la reforma policial para regular la prevención, la profesionalización de los agentes civiles y la mejora en los sistemas de investigación y persecución de los delitos.
“Eso no lo va a subsidiar jamás lo que hagan los jueces en los procesos judiciales o de las pocas denuncias que se tramitan, que son 15% a nivel nacional, creo que hay que poner las exigencias en los temas pendientes”, agregó.
Orlando Camacho, presidente de México SOS, expuso que durante muchos años existieron negligencias y deficiencias que no se atendieron y que “ahora es muy fácil echarle la culpa al sistema”, puesto que incluso en los primeros ocho años de la reforma penal no todos hicieron su trabajo al respecto: “No todo mundo se tomó muy en serio esto en los primeros ocho años”.
