Más Información
Especialistas advirtieron de la “fragilidad” de las instituciones encargadas de la protección de niños y adolescentes cuando son detenidos urgieron a garantizar la aplicación de la ley y los protocolos cuando son sometidos a un proceso judicial, a fin de evitar que sus derechos sean vulnerados.
El pasado 23 de enero, Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años, desapareció tras ser arrestado por policías de la Ciudad de México, cinco días después reapareció golpeado y a 30 kilómetros de donde fue arrestado, ante ello, integrantes de ONG demandaron castigar a los elementos cuando cometan algún abuso o detención arbitraria en especial contra menores de edad.
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), comentó que en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se establece el protocolo para la protección de los menores en caso de un arresto, como es el acompañamiento de las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes durante todo el proceso.
“Tenemos el marco jurídico, las leyes, no necesitamos crear un protocolo, se requiere su aplicación, que las procuradurías del menor cumplan con su función de acompañarlos”, dijo.
Destacó que el caso de Sánchez Flores es paradigmático porque mostró las “fragilidades” de las instituciones que atienden a ese sector de la población. “Da cuenta de la poca centralidad que tienen los niños en los procesos de investigación, bajo una mirada adulta”. Explicó que cuando un menor de edad es detenido, los agentes están obligados a informar a la procuraduría infantil, así como a los familiares. También, personal de la institución lo acompañará a lo largo del proceso y en todo momento, los parientes o tutores deben estar informados.
Simón Hernández, abogado del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), aseguró que el marco normativo actual es suficiente; sin embargo, se necesita fortalecer su aplicación, así como los controles externos que supervisen el actuar de las instituciones encargadas de la protección de los derechos de niños y adolescentes, como son las procuradurías infantiles.
“Más que desarrollar la legislación hace falta modificar los patrones de actuación de la autoridad, es donde vemos la principal problemática, no en el diseño normativo, sino en la actuación operativa de las autoridades. Se requiere de un proceso de transformación institucional, que no se va a poder resolver únicamente con el tema de los protocolos o de cierta capacitación, sino que implica un rediseño de la policía”, expresó.
Resaltó que se requieren de controles externos, como una contraloría ciudadana, que supervisen el actuar de los elementos policiacos, a efecto de asegurar que se apliquen sanciones cuando se incumple con algún protocolo o incurren en alguna irregularidad y advirtió que la impunidad con la que son tratados los abusos policiales y la criminalización de jóvenes fomenta la continuidad de estas prácticas.
Para Édgar Cortez, coordinador del Área de Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), además de la creación de controles externos de vigilancia a las policías, se requieren mecanismos internos para la investigación de los elementos que cometan algún abuso y puedan ser sancionados.
Indicó que cuando un menor de edad es detenido, las autoridades ministeriales deben asegurarse de que el presunto inculpado sea de ese segmento, a través de pruebas testimoniales y documentales; una vez que se confirmó su situación, de inmediato deben ser localizados los padres. El inculpado tiene derecho a establecer contacto con su familia y no está obligado a emitir declaración alguna, mientras que los parientes o tutores deberán estar informados en todo momento sobre la situación que guarda su integrante.
Destacó que falta mayor colaboración entre las diferentes instancias involucradas en la protección de este sector de la población, a efecto de reducir la vulnerabilidad del menor de edad ante un abuso por parte de las autoridades ministeriales.
Comentó que los prejuicios hacia los jóvenes que prevalecen entre las instituciones policiacas generan la insensibilidad de los elementos en cuanto a la situación de inequidad en la que se encuentra un adolescente o un niño.
Pedro Gaona, investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM, destacó que se requiere mayor capacitación de las instituciones policiales sobre los derechos de niños y adolescentes. Además, consideró que desde la secundaria los jóvenes deben aprender sobre sus derechos y obligaciones.
