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A 11 años de los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, el Estado mexicano será sometido a juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso de 11 mujeres que denunciaron agresiones sexuales por parte de servidores públicos.
Ante un avance mínimo en las recomendaciones que había hecho al Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó el caso en septiembre de 2016 de las 11 víctimas a la Corte IDH que sesionará este jueves y viernes. Se prevé que ahí el gobierno mexicano se presente a la audiencia para desahogar el caso y dar seguimiento a las recomendaciones. La sentencia del órgano internacional tendrá carácter vinculatorio.
Se podría llegar a analizar la cadena de mando y conocer hasta qué nivel jerárquico hubo una responsabilidad por las violaciones a las garantías individuales cometidas a los civiles, uso de la fuerza desproporcionado, detenciones arbitrarias y las agresiones sexuales que sufrieron varias de ellas. Desde 2002, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se opuso durante la administración del ex presidente Vicente Fox a la construcción de un aeropuerto en tierras que serían expropiadas y logró la cancelación del proyecto.
Ese grupo cobró fuerza por la defensa de los predios y para 2006 apoyaron a un equipo de floricultores que serían reubicados por las autoridades municipales días antes de la fiesta de la Santa Cruz. El 2 de mayo, los afectados se reunieron con autoridades municipales y estatales para llegar a un acuerdo y se les permitiera instalarse para vender en la vía pública.
El desalojo. Al día siguiente, pasadas las 07:00 horas, los comerciantes intentaron instalarse; sin embargo, fueron desalojados por las fuerzas de seguridad. Ellos y la sociedad en general se unieron para impedir que los quitaran, eso provocó una confrontación. Un grupo de menos de 100 personas corrieron para resguardarse en una casa, hasta ahí llegaron los policías; por la tarde los elementos estatales sacaron a 80 en calidad de detenidos.
En sus testimonios aseguran que fueron golpeados durante el trayecto hasta llegar al Centro de Prevención y Readaptación Social (Cepreso) Santiaguito, en Almoloya; no sólo eso, varias mujeres fueron abusadas sexualmente por los oficiales.
Otro grupo tomó la carretera federal Lechería-Texcoco para exigir la liberación de todos, pero otro nuevo enfrentamiento se dio, ahora con agentes estatales y federales que intentaron liberar las vías de comunicación. Civiles retuvieron a los policías.
Enrique Peña Nieto era el gobernador del Estado de México; Eduardo Medina Mora, secretario de Seguridad Pública federal; Wilfrido Robledo, comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, y Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno de la entidad. Todos sostuvieron una reunión con un grupo de inconformes para llegar a un acuerdo. La población estaba furiosa por el abuso de las autoridades. Entre los capturados había mujeres; se contabilizan, por sus testimonios, alrededor de 50. De ellas, 31 denunciaron haber sufrido agresiones sexuales.
Además, 11 llevaron su caso hasta la Corte IDH. Se trata de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.
En el operativo para liberar la carretera la madrugada del 4 de mayo fueron desplegados alrededor de 2 mil 500 policías estatales y federales. Los testimonios de algunos detenidos advierten que después de ser detenidos fueron subidos a vehículos, todos apilados, para llevarlos al penal. Entre ese tumulto, las mujeres fueron vejadas y amenazadas de muerte. Hubo servidores públicos arrestados, se abrieron indagatorias, pero, no ha transcurrido nada a favor de los civiles; incluso hay 17 policías que siguen su proceso en libertad.
Se reconoció la responsabilidad. En septiembre de 2016, la Procuraduría General de la República señaló que fue el propio gobierno de México el que pidió a la CIDH que remitiera el asunto a la consideración de la Corte Interamericana, “a fin de que sea el órgano judicial el que considere la idoneidad de las medidas de reparación”. La procuraduría asegura que, desde marzo de 2013, el Estado reconoció su responsabilidad por el caso Atenco y en su momento notificó oficialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de esa decisión.
Dijo que como resultado de la investigación para sancionar a los responsables y adoptar las medidas de reparación, había 30 personas sujetas a proceso. Mencionó que se había creado un fondo especial de atención para las víctimas y sus familiares que comprende medidas de compensación económica, rehabilitación, apoyos educativos, atención integral a la salud médica, sicológica y la entrega de viviendas. El caso será abordado por la Corte con todos los elementos que tiene de testimonios de las mujeres, así como la posición del Estado.
