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El proceso de pacificación en el país no será posible si no se tiene un sistema penal eficiente, afirmó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz.
Durante la presentación de la quinta edición de Hallazgos, del Nuevo Sistema de Justicia Penal, realizado por México Evalúa, el ministro Cossío Díaz advirtió que las ideas generales para lograr reinstaurar la paz en México pueden ser peligrosas.
“No puede haber proceso de paz si no se tiene un sistema de justicia penal eficiente”, indicó.
“Más allá del entusiasmo y de las ideas alegres, es absolutamente indispensable entender que en este, así como en otros aspectos del mundo, hay una cuestión técnica no tecnocrática. Si queremos la pacificación, empezar con ideas generales es peligroso”, comentó el ministro.
Enfatizó que se debe reforzar el sistema penal para lograr los procesos de pacificación que forman parte de los objetivos centrales de la próxima administración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y consideró que para ello los ejercicios de medición realizados desde la sociedad civil son fundamentales para hacer diagnósticos y entender qué se debe hacer.
Afirmó que la situación sobre la consolidación del sistema penal en los niveles local y federal es preocupante porque no existe un liderazgo político que defina las acciones, decisiones, presupuestos, capacitaciones y lo que haga falta para generar mejores resultados.
“Hay que poner el tema de la justicia penal como un tema central. No va a haber un proceso de pacificación, no va a haber transición a nada si, una vez concluido ese proceso, pase lo que pase no hay las condiciones de recuperación, y se va a volver a caer en el mismo problema, con una sociedad mucho más lastimada, dolida y sacrificada en este sentido”, enfatizó Cossío Díaz.
Medición de la impunidad. En Hallazgos se hace una reflexión desde el equilibrio entre la calidad y cantidad de operadores del sistema penal hasta las fallas que han derivado en resultados “no sólo preocupantes sino aterradores”, como los que arrojó el índice de impunidad incluido en el informe de México Evalúa.
De acuerdo con ese documento, el promedio nacional de impunidad en México supera 80%, sin considerar las cifras reportadas por entidades como Aguascalientes, Campeche, Colima, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, que no fueron incluidas en el análisis realizado por la organización.
Jalisco es el estado que presentó un mayor índice de impunidad, con 99.3%. Le siguen Tlaxcala, con 99.1%; Yucatán, con 98.9%, y Nuevo León, con 97.3%.
Agregó que ahora que existen indicadores claros de los problemas que enfrenta la justicia penal y de cara a la transición en materia civil, laboral y de justicia para adolescentes a la moralidad, es posible prevenir y evitar los mismos errores.
Los más desprotegidos. De acuerdo con el documento de México Evalúa, la víctima sigue siendo uno de los actores más desprotegidos del sistema penal, pues según la Ley General de Víctimas, para 2016 debían existir 4 mil 13 asesores jurídicos a nivel nacional, pero actualmente sólo hay 957, lo que representa 23% de los necesarios, lo que significa que hay un déficit de 3 mil 60 funcionarios.
“La distribución de los 4 mil 13 asesores jurídicos necesarios —con base en el estándar de la LGV— no es homogénea para todas las entidades federativas, pero en todos los casos las cifras son altamente contratantes si se comparan con el número de asesores que actualmente existe en cada entidad”, agrega el análisis.
El informe también señala que los estados con los porcentajes más altos de conclusión de causa mediante el no ejercicio de la acción penal son Sonora, con 66.4%; Baja California, con 43.6%; Querétaro, con 32.3, e Hidalgo, con 30.6. Es decir, que en esos casos el Ministerio Público no logra reunir elementos suficientes para judicializar las carpetas.
“De las investigaciones concluidas por el no ejercicio de la acción penal, una de las causas de la extinción penal en la etapa de investigación es el uso de medios alternativos de solución de controversias penales, por el cumplimiento de los acuerdos reparatorios”, agrega el documento de México Evalúa.
