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A dos años y medio de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad de El Altiplano, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha logrado obtener una sentencia condenatoria en contra de alguno de los ex servidores públicos que habrían favorecido, según la acusación, al líder del Cártel de Sinaloa.
Guzmán Loera logró burlar la seguridad de uno de los centros penitenciarios más vigilados del país y ahora la PGR intenta demostrar que, además de familiares y amigos, El Chapo fue apoyado por los ex funcionarios, mismos que buscan demostrar su inocencia.
Apenas en agosto, el agente federal Emyr Mota Carrillo, dio un revés a la procuraduría al obtener su libertad por resolución de un juez, tres meses después fue incorporado de nuevo a sus actividades en la Policía Federal (PF).
Bajo este proceso en prisión se encuentran 13 ex servidores, entre ellos quien fuera la coordinadora general de los Centros Federales de Readaptación Social, Celina Oseguera Parra; Valentín Cárdenas Lerma, ex director del Altiplano, así como Leonor García, ex directora jurídica del penal, que enfrenta su proceso en libertad.
Todos ellos por el delito de evasión de presos: El resto son policías federales que enfrentan la justicia por no activar el código rojo al momento de la fuga y de ese modo colaborar.
Algunos fueron sancionados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) como Leonor García, quien fue inhabilitada por 10 años por no haber declarado el estado de alerta máxima de manera inmediata cuando se tuvo conocimiento de la fuga.
A Valentín Cárdenas Lerma se le inhabilitó por 10 años porque omitió establecer la coordinación con las fuerzas de seguridad y no activó el código rojo que corresponde en los casos como el de Guzmán Loera.
Los policías federales que están bajo proceso son: Jaime Galindo Hernández, Agustín Jiménez Molina, Miguel Ángel Flores Mirafuentes (supuestamente ese día era el encargado de monitorear a Joaquín Guzmán), Arturo Hernández, Erick Sorcia Martínez, Herminio González Albarrán, Miguel Ángel Cortés Carrillo, Oswaldo Gastón Veytia Rodríguez.
En la lista también están Roberto Cruz Bernal, ex comandante de custodios, a quien la Función Pública lo inhabilitó por 10 años por no actuar de inmediato y por omitir realizar una vigilancia permanente minuciosa en el área que le correspondía.
Esteban Estrada Ramírez, oficial en prevención, que fue inhabilitado por 10 años por no atender las llamadas que se presentaron desde el Centro de Monitoreo, no activar la voz de código rojo, ni dar la alerta general; la misma situación ocurrió con Juan Ignacio Cuarenta, otro de los elementos encargados de la custodia.
Luego de la fuga de Joaquín Guzmán Loera El Chapo, el entonces comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, asegruró que el día del escape no se escucharon ruidos extraños en la celda 20 donde se encontraba recluido Guzmán Loera, y que el sistema de video vigilancia no tenía sonido.
Pero se contaba con otro monitoreo de la celda con sonido ambiental en el que claramente se escuchan golpes que salen de esa celda. Celina Oseguera, Valentín Cárdenas y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), eran los que tenían acceso a esos monitores con sonido.
Por su perfil clínico criminológico y alta peligrosidad, el gobierno federal mantuvo recluido a Joaquín Guzmán en la zona de tratamientos especiales en donde era vigilado las 24 horas del día con un circuito cerrado. Se trataba de la zona más vigilada del penal, misma que fue vulnerada y escapó por un túnel que conectaba el área de la regadera de su celda hasta llegar a un predio en obra negra que está localizado a no más de dos kilómetros del penal.
