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horacio.jimenez@eluniversal.com.mx
La Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció que contrario a la tendencia positiva que se dio en los primeros años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto en torno a la disminución de delitos violentos, 2017 registró un crecimiento inusitado en los índices delictivos de alto impacto en diversas regiones del país.
La dependencia que encabeza Alfonso Navarrete Prida fijó su posición en torno a las opiniones vertidas por diversos integrantes del sector privado sobre las condiciones de seguridad que actualmente enfrenta el país en algunas regiones.
El gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, aseguró que las causas del incremento de la violencia son variadas, pero en mucho se explican por la diversificación de actividades delincuenciales de organizaciones dedicadas, en un principio, al comercio de droga y con intereses también por la extracción ilegal de combustible.
De la misma forma, precisó en la comunicación, incide la participación, en algunos casos forzada o inducida, de miembros de diversas comunidades, quienes han sido utilizados para generar barreras que obstaculizan la acción policiaca en la detención de personas que cometen ilícitos como el robo a transporte en carreteras y a trenes de carga.
“Lo anterior, generado en un contexto de debilitamiento de algunas estructuras institucionales en distintos niveles de gobierno, sean municipales, estatales o incluso federal”.
Frente a este panorama, en el que el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no han resuelto temas fundamentales en materia de estructura orgánica de policías municipales y estatales, así como límites en la participación del fuero castrense en materia de seguridad pública, “el gobierno federal no ha sido omiso y ha tomado diversas medidas, tales como la implementación del operativo Escudo-Titán, a fin de mejorar los niveles de coordinación”.
Sobre esto, el gobierno federal reconoció “con respeto y sensibilidad” cualquier opinión o expresión de sectores de la sociedad y refrendó su compromiso de trabajar con todos los actores sociales en un problema que afecta profundamente a la sociedad.
Recordaron que se han asegurado mil 784 personas vinculadas con diferentes delitos de alto impacto, como homicidio y secuestro. Sobre el plagio afirmó que sólo durante el mes de abril de este año se registró una disminución de 8.1%.
Además, explicó que en comparación con el año 2017, la disminución de este ilícito en el período enero-abril representa 16.13% a la baja, en comparación con 2018. Además, se han ejecutado 727 órdenes de aprehensión y reaprehensión en todos los municipios donde se ha efectuado el operativo Escudo-Titán.
Se logró el aseguramiento de 16 mil 166 kilos de marihuana, mil 431 dosis de metanfetamina, mil kilos de cristal, 58 de fentanilo, 106 cápsulas de éxtasis, 466 kilogramos de cocaína, 51 mil litros de precursores químicos, 273 mil litros de diésel, 2 millones de litros de gasolina.
Así también se confiscaron 18 avionetas con matrícula apócrifa y permiso vencido, 118 inmuebles relacionados con algún delito que ya han sido asegurados, 292 tomas clandestinas de combustible fueron localizadas y mil 513 vehículos con reporte de robo han sido recuperados y puestos a disposición de aseguradoras o de sus legítimos propietarios.
Resaltó las recientes capturas de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Recordó que se detuvo a Rosalinda “N”, esposa del líder del mayor grupo criminal que opera en el estado de Jalisco; a Gerardo “N”, integrante de esta misma organización criminal, así como a Carlos Arturo “N”, principal responsable del trasiego de drogas de Chihuahua hacia Estados Unidos.
“En coordinación con Pemex, en la refinería de Salamanca, Guanajuato, se ha logrado inhibir el robo de combustible. En este mismo sentido, en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, se capturó al líder de la principal organización criminal dedicada a la extracción ilegal de gasolina y, como parte de estas acciones, fuerzas federales y estatales intervinieron a la Policía Municipal de esa zona, en la cual, según las investigaciones, algunos de sus elementos brindaban protección”, explica.
Por separado y tras los señalamientos de los empresarios, Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República, destacó que la “debilidad institucional” se encuentra en las policías municipales. En conferencia de prensa para presentar los avances en materia de conservación de la biodiversidad, Eduardo Sánchez Hernández comentó que la iniciativa presidencial de establecer un mando único “no ha podido ver la luz”.
“Me gustaría señalar una debilidad institucional, hay que reconocer la debilidad de las policías municipales, el lamentable involucramiento de los miembros de las policías con los cárteles del crimen y las organizaciones delictivas”, destacó.
Comentó que desde el 1 de diciembre de 2014 el Presidente de la República presentó la iniciativa del Mando Único para tener 32 policías con las que los estados hagan frente al problema de la delincuencia. “Esta iniciativa, que desde 2014 se presentó, no ha podido ver la luz, estamos desde el gobierno federal en un trabajo de coordinación con los gobiernos estatales, haciendo cosas distintas con las mismas herramientas”, dijo.
El lunes, el sector empresarial hizo un llamado urgente a los gobiernos federal, estatal y municipal para hacer frente a la inseguridad que enfrenta en el país, al considerar que se registran aumentos a niveles históricos en robos, crímenes y violencia.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigieron que se aplique la ley, se avance en la implementación de cambios al sistema de seguridad, se realicen las reformas necesarias y concreten el establecimiento de una fiscalía general autónoma.
Ante esto, Sánchez Hernández comentó: “Los organismos empresariales hacen los llamados dado lo que ellos ven en territorio nacional, el ejercicio de su libertad de expresión es algo que es positivo para México y el gobierno que trabaja con ellos, un trabajo de coordinación con los organismos empresariales como con el gabinete de seguridad para darle una solución, en la que también se requiere la participacion de la sociedad”.
