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Una de las debilidades del sistema de Justicia Penal es que se ha dependido en demasía de las detenciones en flagrancia para lograr llevar a los criminales a juicio, indicó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
A través de su página de internet reconoció deficiencias en la investigación criminal y la necesidad de fortalecerla.
“Las liberaciones recientes de algunos posibles delincuentes, así como la carencia de órdenes de aprehensión para realizar detenciones en otros casos ponen en evidencia la necesidad de fortalecer la investigación criminal, a fin de lograr la eficacia en la recuperación de la seguridad que la sociedad justamente nos reclama”, indicó.
Reiteró que si bien la conducción de la investigación corresponde al Ministerio Público, la institución fortalecerá sus áreas de investigación e inteligencia.
“Si bien la conducción de la investigación corresponde, de acuerdo con la Constitución, al Ministerio Público y es competencia de la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales solicitar a la autoridad judicial las órdenes de aprehensión que en su caso correspondan, esta secretaría asume su responsabilidad de fortalecer sus áreas de investigación e inteligencia y colaborar con las fiscalías para lograr investigaciones más sólidas, de tal forma que evitemos que los abogados aprovechen las rendijas en la ley y continúe existiendo una auténtica puerta giratoria.
“Una de las debilidades más recurrentes de nuestro sistema de justicia es que hemos dependido en demasía de las detenciones en flagrancia para lograr la judicialización de casos criminales”, señaló la dependencia.
Por ello, indicó que se requiere convertir la información obtenida por los cuerpos de inteligencia y las instituciones policiales en registros de investigación válidos que puedan ser utilizados por las fiscalías para solicitar órdenes de aprehensión, lograr una vinculación a proceso, la implementación de medidas cautelares y sobre todo llegar a sentencias condenatorias.
“En el gobierno federal estamos trabajando de forma comprometida y coordinada para cerrar estos vacíos históricos, que constituyen un auténtico cuello de botella del proceso para cancelar plenamente la impunidad en el marco de nuestro Estado de derecho”, enfatizó.
El pasado 31 de enero, elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron en Hidalgo a Óscar Andrés Flores, alias El Lunares, y a dos hombres más, identificados como supuestos líderes e integrantes del grupo delincuencial Unión Tepito.
Aunque la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina contaba con una orden de aprehensión contra El Lunares y los otros dos hombres con los que fue detenido, la misma no fue ejecutada pues se argumentó que fueron capturados en flagrancia por portación de arma de fuego y cartuchos exclusivos del Ejército, así como delitos contra la salud, razón por la cual la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el asunto.
Los tres sujetos fueron puestos a disposición de una juez federal en el Reclusorio Oriente, pero el pasado 4 de febrero se ordenó su traslado al penal de máxima seguridad del Altiplano.
La madrugada de este sábado, la juez negó vincularlos a proceso porque sus abogados acreditaron que la detención no ocurrió en las condiciones relatadas por los elementos que la ejecutaron.
Una vez puestos en libertad, la fiscalía capitalina ejecutó la orden de aprehensión que tenía pendiente contra los tres sujetos por el cargo de secuestro exprés.
Ayer, durante la audiencia inicial, la defensa de El Lunares y los otros dos coimputados pidieron la duplicidad del término constitucional, por lo que un juez de Control en el Reclusorio Norte citó para continuación de audiencia el próximo viernes.
