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La Comisión Nacional de Derechos Humanos ( CNDH ) reconoció el amparo que un juez federal concedió a una sobreviviente del caso Tlatlaya para reabrir las investigaciones y ampliarlas con exhaustividad y efectividad, a fin de esclarecer los hechos ocurridos en junio de 2014 y saber si la muerte de 22 civiles en esa población del Estado de México fue producto de un enfrentamiento o una ejecución .
En un comunicado, el organismo defensor de los derechos humanos celebró la resolución del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México que concedió el amparo y protección de la justicia federal.
Dicho juez concedió el pasado 15 de agosto un amparo a Clara Gómez González, una de las mujeres sobrevivientes de Tlatlaya y testigo clave en el caso por el que la PGR intentó demostrar que lo ocurrido en la bodega de San Pedro Limón fue un enfrentamiento y no una ejecución.
En su sentencia de amparo, la PGR no pudo acreditar que agotó todas y cada una de las líneas de investigación posibles para esclarecer los hechos por los que tres elementos del Ejército, Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández fueron implicados de haber matado a sangre fría a 8 de los 22 civiles y de alterar la escena del crimen.
En tal sentido, la CNDH resalta que dicha sentencia se ocupa de la denuncia presentada desde el 16 de diciembre de 2014 por la representación legal de esta Comisión Nacional y que se basó en las evidencias y consideraciones de la Recomendación 51/2014, emitida el 21 de octubre de 2014, en la cual están debidamente acreditadas violaciones graves a derechos humanos por ejecuciones extrajudiciales, manipulación del lugar de los hechos y tortura.
De manera coincidente, el Presidente de la CNDH solicitó el 17 de mayo de 2016 a la Procuraduría General de la República (PGR): “considere la información integrada en la investigación de la CNDH, que acredita esos delitos y también los procesos penales que se llevan a cabo en la Procuraduría de Justicia del Estado de México contra elementos de esa corporación por tortura”.
Mismo pronunciamiento público del Ombudsman nacional que motivó días después fuera presentada una denuncia penal en su contra por parte de la defensa del personal militar involucrado.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos refrendó su compromiso de dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación 51/2014, hasta que la verdad, la justicia y la reparación sean una realidad para todas las víctimas de violación a Derechos Humanos y se deslinden las responsabilidades que, en su caso, procedan.
