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Tras el fallido proceso de extradición que no se concretó por un error administrativo, el gobierno de España optó por deportar a Javier Nava Soria, presunto prestanombres del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, requerido por la justicia mexicana por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Arribó anoche en un vuelo comercial procedente de Madrid, escoltado por agentes españoles, quienes lo pusieron a disposición de personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra.
Luego de practicarle exámenes médicos, Nava fue trasladado del hangar de la PGR, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a la delegación Camarones de la procuraduría, en Azcapotzalco, y luego al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde fue presentado ante el juez de control que lo requiere.
La procuraduría informó que el fugitivo fue detenido ayer en la capital española por elementos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y de inmediato fue puesto a disposición de la Brigada Provincial de esa dependencia.
Nava Soria fue detenido el 19 de abril de 2017 por la Policía Nacional en un hotel de Cabrils, Barcelona, uno de los municipios más ricos del país, en obediencia a una ficha roja de la Interpol. Tras su huida de México, fue localizado semanas antes en España y agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR se trasladaron hasta allí para seguir su rastro, junto con policías españoles del Grupo de Localización de Fugitivos Internacionales.
El presunto prestanombres de Duarte de Ochoa fue trasladado a Madrid, donde comenzó su proceso de extradición, acusado de organizar una red de empresas y prestanombres para blanquear dinero público sustraído ilegalmente.
En la primera vista, su abogado insistió en que los papeles presentados por la PGR no cumplían con lo dispuesto por los tratados bilaterales entre México y España para la entrega de acusados. La defensa de Nava aseguró que dentro de la documentación enviada por las autoridades mexicanas a las españolas no figuraban acusaciones directas contra su cliente, sino que simplemente se formulaban una serie de imputaciones colectivas sobre nueve presuntos cooperantes de Duarte.
Los jueces de la Audiencia Nacional, uno de los tribunales más duros de España, dieron la razón a la defensa y el 21 de septiembre de 2017 decretaron la nulidad de la petición de extradición. Comenzó así un proceso que ha sometido a una gran tensión las relaciones bilaterales entre las justicias de México y España.
Durante el recurso contra esta decisión presentado por la PGR y la fiscalía española, se descubrió que parte de los papeles enviados por México mediante su embajada en Madrid al Ministerio de Exteriores español no había llegado a los jueces. Habían sido retenidos por el Ministerio de Justicia, al considerar que no cumplían con los requisitos formales del tratado de extradición.
La PGR argumentó que la denegación de la extradición se había debido a esa omisión del Ministerio de Justicia español; sin embargo, aunque los papeles terminaron sumándose a la causa, los jueces decidieron que el proceso estaba mal planteado porque las acusaciones que se habían trasladado a los tribunales no eran exactamente las mismas que pesaban sobre Nava en México.
El rechazo a la extradición del prófugo fue comunicado a México de forma definitiva el pasado 25 de enero, pero los jueces otorgaron a las autoridades mexicanas la oportunidad de comenzar de nuevo todos los trámites para la extradición.
Ambos países se acusaron de ser responsables del error que posibilitaba la libertad de Nava. La defensa aseguró que aunque no existía ningún proceso abierto en España contra su cliente, dejaría en la Audiencia Nacional su pasaporte como prueba de que no huiría de la justicia.
Según la información difundida ayer por la PGR, las autoridades españolas expulsaron a Nava porque venció su estadía en el país. Los mexicanos que entran en España con visa de turista, caso de Nava, tienen derecho a permanecer 90 días.
